Según declaraciones oficiales, en los próximos días, los ecuatorianos verán el despliegue de efectivos internacionales en las zonas más conflictivas del país, como Guayas, Santa Elena y Manabí. Estos operativos se sumarían a los esfuerzos de las fuerzas locales en la lucha contra la violencia y el narcotráfico, pero la falta de detalles sobre la procedencia de estos efectivos y los términos en los cuales se dará esta intervención internacional ha dejado muchas preguntas sin respuesta.
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Lo que más inquieta es la falta de transparencia en torno a qué tipo de acuerdo permitirá la presencia de estas fuerzas extranjeras en el territorio ecuatoriano. Aunque se mencionó que los apoyos serían parte de un plan organizado con las autoridades nacionales, no se especificó bajo qué marcos legales o acuerdos internacionales se dará luz verde a la entrada de estos efectivos. A lo largo de los últimos años, Ecuador ha buscado colaborar con diversos países para combatir el crimen organizado, y ya existe un acuerdo con Estados Unidos en temas de seguridad marítima, enfocado en el narcotráfico. Sin embargo, este reciente anuncio da un giro hacia una mayor presencia militar extranjera en el país, lo que podría representar un paso peligroso en la relación con los actores internacionales.
La decisión llega en medio de esfuerzos diplomáticos encabezados por la canciller ecuatoriana, quien se encuentra en una gira en Europa para reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad. A la par de estos esfuerzos externos, el presidente también promovió en la Asamblea Nacional un proyecto que busca eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en Ecuador, lo que podría abrir la puerta para una mayor intervención extranjera en el futuro. Esta reforma está todavía en proceso, pero pone de manifiesto una tendencia hacia la externalización de la seguridad del país.
La creciente violencia en Ecuador ha estado ligada a la expansión de las rutas del narcotráfico, que han convertido al país en un punto clave para el tráfico de drogas hacia América del Norte y Europa. Este fenómeno ha desbordado las capacidades del Estado para mantener el orden, lo que ha llevado al gobierno a buscar ayuda externa. No obstante, la presencia de fuerzas extranjeras en suelo ecuatoriano plantea serias dudas sobre la capacidad del país para gestionar su propia seguridad y su independencia como nación soberana.
A pesar de que la presencia de tropas extranjeras se presenta como una solución a la crisis de seguridad, esta medida podría tener consecuencias de largo plazo para la autonomía del país. La intervención de actores externos en la seguridad nacional puede generar dependencia y reducir el control del Estado sobre su propio territorio. Además, podría debilitar las instituciones locales, al socavar la confianza en la capacidad de las autoridades nacionales para enfrentar la violencia de manera efectiva.
El gobierno ecuatoriano parece estar apostando por una solución rápida y externa ante un problema complejo. Sin embargo, esta estrategia ignora la necesidad de fortalecer las instituciones nacionales y desarrollar una política de seguridad integral basada en la cooperación interna y el fortalecimiento de las fuerzas locales. En lugar de abrir las puertas a fuerzas extranjeras, Ecuador debería centrarse en reforzar su propio sistema judicial, la policía y las Fuerzas Armadas, y fomentar la colaboración entre los distintos actores internos para enfrentar el crimen organizado de manera efectiva y con pleno respeto a la soberanía.
La intervención extranjera, lejos de ser una solución definitiva, podría ser una solución a corto plazo que pone en peligro la autonomía de Ecuador. Si el país no es capaz de abordar los problemas internos de manera autónoma, podría estar condenándose a una dependencia creciente de actores externos que marquen el rumbo de su política de seguridad. Así, la pregunta que queda en el aire es si Ecuador realmente está tomando las riendas de su destino o si está cediendo a intereses externos que podrían comprometer su soberanía en el largo plazo.
Foto: El Ciudadano
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