Los pueblos indígenas de Guatemala vuelven a padecer una masacre en sus territorios, la cual ha dado de nuevo lugar a la declaratoria del estado de prevención por parte del Gobierno de Otto Pérez Molina.
Los hechos de violencia comenzaron en la noche del 19 de septiembre, momento en el que -según denuncian las comunidades- ingresaron a sus territorios actores armados, que identifican como trabajadores de la empresa Cementos Progreso, los cuales abrieron fuego contra la delegación comunitaria que había acudido al lugar, causando la muerte de un comunitario. Se inició así una espiral de violencia que ha causado ya once muertes y varias personas heridas, y que viene a agravar de manera dramática la conflictividad que se vive en la región.
Puedes acceder en el siguiente enlace al Comunicado Oficial de las doce Comunidades Organizadas y en Resistencia de San Juan Sacatepéquez.
La cementera, fuente de la conflictividad
El clima de violencia en la región no ha cesado de aumentar desde que la citada empresa -Cementos Progreso S.A.- anunció en el año 2006 su intención de construir en territorios indígenas un gran proyecto cementero. Dicho proyecto, que no fue en ningún momento consultado con la población, se viene desarrollando desde entonces en un marco de conflicto generalizado que está causando un enorme impacto sobre sus derechos humanos. A día de hoy, la empresa no ha podido culminar las instalaciones, debido a la resistencia comunitaria, pero tampoco abandona un proyecto que cuenta con el apoyo explícito del Gobierno.
Entre los hechos de violencia registrados, según ha podido documentar Brigadas Internacionales de Paz (PBI), se han dado ataques armados contra personas y bienes materiales (vehículos, iglesia, …), amenazas de muerte y agresiones físicas contra autoridades ancestrales y dirigentes comunitarios, así como otros ataques contra activistas sociales que acompañan a las comunidades. En la mayor parte de estos casos, la población local identificó a los agresores como personal contratado de la empresa cementera.
Esta relación de causalidad entre la presencia empresarial y el aumento de la conflictividad no es sólo señalada por las comunidades. El propio Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, informaba tras su misión en el país en 2011, que «la presencia de empresas en los territorios indígenas ha generado una situación de grave conflictividad y ha causado enormes divisiones en las comunidades».
Recientemente, Amnistía Internacional iba más allá y alertaba de que «el Gobierno guatemalteco está alimentando la llama del conflicto al no consultar a las comunidades locales antes de otorgar licencias de minería a las empresas; de esa manera, en la práctica está incementando el riesgo de que haya derramamiento de sangre y está arrasando los derechos de su población».
Los Estados de excepción, un arma del Gobierno contra los pueblos indígenas
Desde que tomó posesión de su cargo en enero de 2012, el presidente Pérez Molina -general retirado y alto cargo del Ejército durante los años en los que se perpetró el intento de genocidio contra los pueblos mayas- ha declarado varios estados de excepción. Todos ellos en territorios indígenas, y siempre cuando se veían afectados intereses empresariales.
La primera de estas declaratorias fue el estado de sitio declarado en mayo de 2012, en el municipio de Barillas (territorio q’anjobal, departamento de Huetenango), a raíz de la resistencia comunitaria frente a la construcción de la Hidro Santa Cruz, por parte de la empresa española Hidralia Energía. El segundo, el estado de prevención en los departamentos de Jalapa y Santa Rosa, en mayo de 2013, afectando entre otros, al territorio del pueblo xinka de Xalapán. En este caso, se trataba de dar respuesta a la conocida como revolución de las flores frente el ingreso de la empresa GoldCorp para la exploración de la mina El Oasis (manifestaciones pacíficas en el pueblo de San Rafael Las Flores para impedir el paso de los trabajadores de la minera).
En el informe anteriormente citado, el Relator Anaya ya alertaba del «uso indiscriminado que se hace de los estados de prevención por parte de los poderes públicos en Guatemala, la presencia creciente de las fuerzas de orden público en las comunidades y el uso excesivo de la fuerza por su parte. Además, denuncia la situación de impunidad en cuanto a los actos de hostigamiento y violencia física, incluyendo violencia sexual, en contra de los comunitarios, en un contexto marcado por la falta de acceso efectivo de los pueblos indígenas a la justicia».
La resistencia pacífica como respuesta comunitaria
En medio de todo este clima de conflictividad, agresiones constantes y criminalización, las comunidades maya kaqchikel de San Juan continúan haciendo valer el resultado de la consulta popular celebrada en mayo del 2007, en la que 8.946 habitantes expresaron su negativa a la construcción de la cementera -frente a 4, que votaron a favor-.
Además, frente a los últimos hechos de violencia registrados, plantean las siguientes exigencias:
1) Que se abra una investigación objetiva y en profundidad para determinar quiénes son las personas que provocaron la masacre en la comunidad de Los Pajoques.
2) Que el Gobierno detenga la construcción de los megaproyectos que están provocando las muertes.
3) Que las fuerzas públicas protejan y velen por la seguridad de la ciudadanía que está defendiendo los recursos naturales de las comunidades.
Finalmente, las doce comunidades manifiestan «su solidaridad con las familias de los mártires caídos en la defensa del territorio y reiteran su resistencia pacífica, como ha sido hasta hoy día, reiterando el rechazo a los megaproyectos instalados en nuestro territorio».
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