ONG lamentan respuesta del Gobierno ante informe de la CIDH

Diversas organizaciones de la Sociedad Civil, se posicionaron en contra de la respuesta que dio el Gobierno Mexicano ante el Informe anual sobre México que recientemente dio a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el cual fue descalificado por las autoridades.

En un comunicado, las ONG lamentaron el posicionamiento que tomaron la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) quienes negaron y calificaron de poco objetivo el informe del organismo internacional.

“El informe aborda una multiplicidad de problemas que van desde la alarmante situación de las personas desaparecidas; la práctica generalizada de la tortura; las ejecuciones extrajudiciales; los impactos de la violencia en grupos en especial situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas migrantes, los desplazados y las poblaciones indígenas afectadas por “megaproyectos en tierras y territorios ancestrales autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado”; y las limitaciones al acceso a la información en casos de graves violaciones a los derechos humanos por razones de seguridad nacional”, detallaron.

Aseguraron que las principales fuentes de esta violencia son los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la PGR, las Procuradurías locales, personal penitenciario y el Instituto Nacional de Migración (INM).

“Las organizaciones firmantes, hacemos un llamado a una postura abierta y constructiva por parte del gobierno, que tenga sus cimientos en el reconocimiento de la crisis generalizada de derechos humanos que vive nuestro país, con la consecuente aceptación incondicional del diagnóstico de la situación y de todas y cada una de las recomendaciones formuladas por la CIDH”, demandaron.

Así mismo, aseguraron que hacer caso omiso de las recomendaciones, implicaría el rechazo por parte de las autoridades para implementar políticas que erradiquen las constantes violaciones de derechos humanos.

El Ciudadano