La Organización de Naciones Unidas (ONU) exigió al Gobierno de facto de Bolivia, presidido por la autoproclamada Jeanine Áñez, no criminalizar, respetar y garantizar la libertad de expresión, por lo que exhortó a revisar y modificar inmediatamente el Decreto Supremo 4231, promulgado recientemente en el país.
A través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh), condenan que la respuesta penal al ejercicio de la libertad de expresión, como medio para combatir la desinformación en el marco de la pandemia del Covid-19, resulta excesiva.
«Como señaló el relator de ONU sobre Libertad de Expresión en su último informe sobre la pandemia Covid-19: los principios de legalidad y necesidad deben ser aplicados en cualquier tratamiento a la desinformación (…) la penalización de la desinformación es desproporcionada», refiere en un mensaje publicado en la red social Twitter.
La Oacnudh Bolivia también recordó que la alta comisionada, Michelle Bachelet, expresó que «en lugar de amenazar a periodistas o acallar las críticas, los Estados deberían alentar un debate saludable sobre la pandemia y sus consecuencias», según publica la agencia de noticias TeleSur.
«El decreto supremo 4231 sobre difusión de información durante la pandemia debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado», sentenció el organismo internacional.
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