La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al Estado adoptar un plan que garantice el retiro de los militares mexicanos de las tareas de seguridad pública en las calles.
El funcionario Jan Jarab, representante en ese país de Michelle Bachelet, instó al Gobierno mexicano a adoptar esta medida tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, emitida el jueves.
Esa norma la aprobó el Congreso en 2017, a petición del presidente Enrique Peña Nieto, y autorizaba el despliegue de las fuerzas militares en operaciones de seguridad pública. Diversas organizaciones la denunciaron como una estrategia de militarización, hasta que este jueves la Corte Suprema la invalidó en su totalidad.
Jarab explicó que el retiro de los militares debe darse de manera gradual, ordenado y verificable. «Hasta que este retiro sea completo, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe estar bajo el mando de las autoridades civiles», señaló.
El representante agregó que la organización exige que la retirada se lleve a cabo con pleno respeto a los Derechos Humanos, «garantizando medidas de rendición de cuentas efectivas e independientes», reseñó Sputnik.
Cuando se conoció el fallo de la corte, Jarab denunció que los mexicanos «han sufrido violaciones a sus derechos humanos y abusos por parte de actores estatales y no estatales, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas».
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