La oficina regional para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU realizó un llamado al diálogo en el conflicto mapuche e investigar los hechos de violencia ocurridos desde la semana pasada y los actos de racismo contra el pueblo indígena del sur de Chile, publicó la agencia EFE.
El representante regional de la oficina de las Naciones Unidas, Jan Jarab, instó a seguir el camino del «diálogo participativo y de buena fe» como «único camino frente a las continuas tensiones sociales en La Araucanía (sur)».
«Para encontrar soluciones duraderas, se necesita abordar las causas profundas de estas tensiones, entre ellas la discriminación estructural y los asuntos pendientes en el ámbito de derechos humanos de los pueblos indígenas«, indicó el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
«Una respuesta puramente centrada en la seguridad pública alimentaría lo que ya es un proceso crónico de tensión, desconfianza y conflictividad, no exento de violaciones a los derechos humanos», agregó, según un comunicado oficial de la institución.
Esta reacción del organismo internacional llegó días después de una escalada de violencia en la región de La Araucanía, unos 600 kilómetros al sur de Santiago, tras incidentes violentos entre ciudadanos mapuches, turbas civiles y Carabineros (Policía chilena).
Entre ellos, desde la ONU mencionaron su preocupación por enfrentamientos entre comuneros del pueblo indígena y uniformados, incendios de distinta índole, ocupaciones de recintos públicos y desalojos por medio de la fuerza.
«Instamos a la investigación pronta, independiente y exhaustiva de los hechos, especialmente de las alegaciones de uso excesivo de la fuerza policial y las expresiones de carácter discriminatorio contra el pueblo mapuche», afirmó Jarab.
La Fiscalía regional comunicó el pasado lunes que abrirá una investigación contra las personas que formaron la turba que por su propia justicia acudieron a desalojar a mapuches que habían tomado las alcaldías de seis municipios de la zona.
Además, pidieron una solución entre Gobierno y comuneros para terminar con las huelgas de hambre que varios presos mapuches mantienen desde hace más de 90 días como protesta por la situación.
La principal traba por la que el conflicto no se soluciona, según las comunidades mapuches, es la falta de aplicación del artículo 169, que Chile suscribió ante la Organización Internacional del Trabajo, en el que se reconoce a los pueblos originarios y sus derechos.
Entre ellos el reconocimiento de lo que se consideran sus tierras ancestrales y la obligación de que los indígenas participen de las decisiones que el Gobierno tome en la zona, algo que señalan que no ha ocurrido hasta el momento.
Un punto que también mencionó la ONU, que advirtió que el cumplimiento de esta legislación internacional podría ayudar a aliviar la tensión.
El conflicto mapuche ha provocado la muerte violenta de varios comuneros -el último, el del joven Camilo Catrillanca-, policías y agricultores, además de incendios de propiedades y maquinarias, con decenas de mapuches condenados bajo la ley antiterrorista.