La oposición venezolana, en sus diversas representaciones: la política, económica o eclesiásticas, entre otras, exige al Gobierno del país suramericano, Nicolás Maduro, una vacunación masiva contra la Covid-19, pero hace mutis o “blanquea” los argumentos sobre el esquema de sanciones, bloqueo y retención de recursos que impiden la adquisición de lote masivo de los fármacos para mitigar la enfermedad respiratoria.
El presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Leonardo Palacios, por lo menos, exigió este jueves respuestas sobre un plan de vacunación masiva en Venezuela, reseñó el Diario de Las Américas.
La nota indica que las cifras oficiales de Covid-19 muestran un incremento de casos que debe llevar a los distintos sectores del país a presionar por respuestas rápidas sobre un plan de vacunación que no privilegie a un grupo de la población, según reseñó el sitio web Confirmado.
Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, hizo un llamado a todos quienes tengan responsabilidades de representación de la sociedad venezolana “son necesarias acciones urgentes, para exigir una vacunación masiva”.
Dijo que “debemos lograr que el Gobierno entienda, acepte, propuestas como la de Fedecámaras, que es transparente, organizada, no politizada, institucional y sobre todo con la vocación y la propuesta de concertar, con los sectores institucionales, multilaterales y nacionales, para lograr parte del paliativo que representa esa primera etapa de vacunación”.
¿Las sanciones no impiden adquirir vacunas?
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), máximo organismo de la Iglesia Católica, a través de un comunicado, solicitó al Gobierno de Nicolás Maduro la vacunación de masiva de todos los venezolanos sin discriminación, publicó el portal Primicias24.com.
“No se puede esperar más tiempo. Lo humano está por encima de las diatribas políticas, pues la vida de cada persona es digna y sagrada”. El comunicado añade que la vacunación debe realizarse “sin excepción ni discriminación alguna”.
El documento señala que “lamentablemente ha aumentado el número de contagios por covid19 y, con ellos, el de fallecidos. Esto ha creado más angustia en el pueblo, sobre todo en la población más vulnerable. El pueblo tiene el derecho a ser debidamente atendido tanto en la prevención como en los cuidados médicos necesarios”.
Manifestó que “urge un acuerdo, fruto de un serio diálogo, que evitará todo retraso con el cual sólo saldrá perjudicada la inmensa mayoría de la población. No se puede esperar más tiempo. Lo humano está por encima de las diatribas políticas, pues la vida de cada persona es digna y sagrada”.
En ninguno de estos pronunciamientos, ni del sector económico ni el eclesiástico, que hacen oposición política al Gobierno de Maduro, reconocen que haya bloqueo, sanciones y retención de recursos en el ámbito internacional, que ha impedido la adquisición masiva de las vacunas contra el Covid-19, como lo ha argumentado el Gobierno venezolano.
En el caso de que lo reconozcan, aseveran que las sanciones y el bloqueo económico, no sería un impedimento para adquirir las inmunizaciones; “blanquean” estos argumentos, como es el caso Leopoldo López Gil, eurodiputado de nacionalidad española-venezolana, en declaraciones recogidas este jueves por el diario El Nacional de Caracas.
“Las sanciones de la Unión Europea contra el Gobierno de Nicolás Maduro son personales. Por lo tanto no tienen consecuencias directas sobre la población, como aseguran los voceros del madurismo. Es decir, no constituyen impedimento para comprar vacunas anticovid”, indicó el diario de oposición, citando a López Gil.
“El régimen dice que las sanciones impiden ciertos beneficios de bienestar para la población venezolana. Las sanciones son dirigidas siempre a personas violadoras de los derechos humanos, o torturadores o criminales”, expresó.
“Los sancionados en Venezuela son funcionarios de alto rango del régimen, violadores de derechos humanos y responsables de socavar la democracia y el Estado de Derecho. Las sanciones se centran en la prohibición de esas personas de viajar a la Unión Europea y la inmovilización de sus cuentas personales”, aseveró Gil.
La verdad de Venezuela sobre adquisición de vacunas
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, advirtió, que sin las sanciones económicas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, el país ya hubiera comprado todas las vacunas anticovid que necesita.
«Si Venezuela no tuviera sus recursos bloqueados (en el extranjero), hubiésemos comprado hace tres meses las 30 millones de vacunas que le hacen falta al país» de casi 30 millones de habitantes, dijo el ministro en una entrevista a la AFP en Caracas.
«Como están bloqueados, ahí estamos. Llegan con los rusos unas tantas, llegan con los chinos unas tantas», añadió.
Estados Unidos, que no reconoce el gobierno de Maduro, ha congelado millones de dólares de dinero venezolano en bancos estadounidenses.
Y junto con medio centenar de países reconoce al opositor Juan Guaidó como “presidente interino” del país.
Venezuela ha recibido poco menos de 1 millón de vacunas: 250.000 dosis de las rusas Sputnik V y medio millón de la farmacéutica china Sinopharm, mientras la oposición acusa al gobierno de obstaculizar el ingreso de nuevas dosis.
Su plan de vacunación abarca de momento a personal de salud, maestros y autoridades.
«No solo tuviéramos las 30 millones de vacunas, sino que hubiéramos vacunado a la mitad de la población si no tuviéramos los mecanismos represados en la banca internacional», añadió Arreaza, canciller desde 2017 y vicepresidente ejecutivo entre 2013 y 2016.
Vacunarán este año a 70% de la población
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo también el miércoles, en un acto televisado, que el país enfrenta una «persecución» para comprar vacunas.
El Gobierno acordó la compra de 10 millones de vacunas rusas (20 millones de dosis) por 200 millones de dólares, para lo que Arreaza explicó «hay un cronograma de pagos y de desembolso».
Además de las restricciones producto de las sanciones estadounidenses, el gobierno venezolano tiene un proceso legal en curso para repatriar unas 30 toneladas de oro venezolano en el Banco de Inglaterra, recursos que según ha asegurado, destinará a atender la crisis humanitaria generada por la pandemia.
«No es fácil… para los primeros depósitos que se le hicieron a Moscú, lo que nos faltó fue salir corriendo con una maleta con el efectivo porque ninguna ruta financiera nos hacía que el dinero llegara a Moscú», recordó el canciller venezolano.
«Al final lo logramos, pero mucho más costoso, con más comisiones bancarias, y esos costos son menos vacunas».
Negociones a través del mecanismo Covax
Venezuela negocia, además, su acceso al mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en medio de una disputa política con Guaidó, que precisamente controla los fondos del país recibeño, bloqueados en el exterior por las sanciones.
«Esperamos que a la OPS entren los recursos para la compra de las vacunas en Venezuela, la OPS y al mecanismo Covax, y que nos den nuestras vacunas, que las vamos a pagar», dijo Arreaza.
Además de las restricciones producto de las sanciones estadounidenses, el gobierno venezolano tiene un proceso legal en curso para repatriar unas 30 toneladas de oro venezolano en el Banco de Inglaterra.
Guaidó inició gestiones ante Estados Unidos para liberar 30 millones de esos fondos precisamente para acceder al Covax, pero hasta el momento no se concretó.
El director del Departamento de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, dijo más temprano que «las negociaciones y las conversaciones continúan y los esfuerzos para desbloquear los recursos de Venezuela en el exterior están todavía en proceso».
«De tal manera que no se ha hecho el pago para el acceso al mecanismo Covax», añadió. «Una vez que se haga el pago y que estén disponibles las nuevas vacunas a través del mecanismo, sabríamos qué vacunas estarían disponibles, esas vacunas se ofrecen al país, el país evalúa la situación y decide aceptarlas o no».
Venezuela -que atraviesa una segunda ola del covid-19, que las autoridades aseguran es «más virulenta» y vinculan con variantes brasileñas- ha reiterado que no aplicará la vacuna de AstraZeneca, dispuesta inicialmente por la OPS, por sus posibles efectos secundarios.
Tras esa decisión, Guaidó acusó al gobierno socialista de «poner obstáculos a una urgencia», pidiendo autorizar la entrada de las vacunas defectuosas.
El Gobierno reconoce unos 165.000 casos y casi 1.700 muertos por el Covid-19, números que oenegés como Human Rights Watch han cuestionado al considerar que existe un elevado subregistro.
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