El representante de Jeanine Áñez intentó aprobar una documento con «enmiendas», pero no recibió el apoyo suficiente para ser aprobado
El Gobierno de facto de Bolivia, apoyado por Estados Unidos, sufrió este miércoles una derrota contundente en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde se aprobó una resolución que rechaza la violencia hacia el pueblo indígena, grupo que ha sido blanco de violaciones de derechos humanos tras el golpe de Estado contra el presidente depuesto Evo Morales.
El documento, presentado por los países del Caribe agrupados en el Caricom, se denomina «Rechazo de la violencia racial y llamamiento al pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia”, y recibió el respaldo de 18 delegados, mientras que hubo 11 abstenciones, una ausencia (Haití) y cuatro votos en contra (Bolivia, EE. UU., Colombia y Venezuela, representada por un enviado del autoproclamado Juan Guaidó).
Los países que aprobaron la resolución son Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Granada, Jamaica, México, Trinidad y Tobago, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Uruguay y Panamá. Se abstuvieron Canadá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Perú, Honduras, Brasil, Chile y Paraguay.
Además de condenar la violencia a todo ciudadano boliviano, en especial a los indígenas, el documento también rechaza «la intolerancia hacia los símbolos, vestigios tradicionales y prácticas religiosas, así como cualquier aspecto de la civilización indígena que pueda ser objeto de trato o mención desigual».
Es por ello que se insta a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia a cumplir «su responsabilidad inherente, como parte de la comunidad de naciones, de proteger los derechos humanos de todos en Bolivia».
En un intento por detener dicho texto, el enviado por parte del Gobierno ilegítimo de La Paz, Jaime Aparicio, presentó una «enmienda» que no tuvo éxito, y alegó —según reseña Cubadebate— que el documento pretende incendiar el país andino, y que en dicha nación no se registró violencia contra el pueblo indígena, sino acciones de «grupos armados» que apoyaban a Evo Morales, así como el llamado de éste a cercar las ciudades.
La votación a la enmienda de Bolivia fue la siguiente:
En favor 8: Bolivia, Brasil, Colombia, EE. UU, Ecuador, Panamá, Paraguay y Venezuela.
En contra 17: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Granada, Jamaica, México, Trinidad y Tobago, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay, Bahamas, San Cristóbal y Nieves.
Abstención 8: Canadá, Costa Rica, Chile, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Perú y Honduras.
Ausente 1: Haití
Tras el golpe de Estado contra Morales —quien se encuentra actualmente en Argentina y contra quien pesa una orden de captura por supuesto «terrorismo y sedición»— se han registrado persecuciones, ataques y asesinatos a grupos indígenas que apoyan al mandatario depuesto.
Desde el pasado 10 de noviembre, cuando Morales se vio forzado a renunciar, se han contabilizado en todo el país 35 muertos. Solo en El Alto, específicamente en la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en Senkata, el 19 de noviembre, las autoridades policiales y militares reprimieron al pueblo que manifestaba en el lugar, dejando a 10 personas asesinadas.
A continuación la resolución aprobada:
Resolución del Consejo Permanente
“Rechazo de la violencia y llamamiento al pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia”
Propuesta por los Estados miembros de la comunidad del Caribe (CARICOM)
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos,
TENIENDO EN CUENTA los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y aquellos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA);
TENIENDO PRESENTE que las convenciones internacionales y hemisféricas sobre derechos humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia;
DESTACANDO la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo artículo 1 establece que “[l]os indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos”; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de Naciones Unidas, y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas [AG/RES. 2888 (XLVI-O/16)], cuyo artículo XII afirma que “[l]os pueblos indígenas tienen derecho a no ser objeto de racismo, discriminación racial, xenofobia ni otras formas conexas de intolerancia. Los Estados adoptarán las medidas preventivas y correctivas necesarias para la plena y efectiva protección de este derecho”.
TOMANDO NOTA de las profundas preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos, incluida la violencia racista y discriminatoria, expresadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus observaciones preliminares del 10 de diciembre de 2019, tras su visita a Bolivia;
TOMANDO NOTA TAMBIÉN de las conclusiones de la CIDH de que se produjo una ola de violencia luego del proceso electoral y de que se formularon graves denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, incluidas detenciones y arrestos arbitrarios, matanzas y asesinatos, lesiones a la población civil, criminalización y persecución de opositores políticos, y violaciones de la libertad de expresión;
RECORDANDO la “Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en las Américas” [AG/DEC. 79 (XLIV-O/14], la cual reafirma que avanzar en la promoción y protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas de las Américas es una prioridad para la OEA;
RECORDANDO TAMBIÉN el artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana que establece que: “[l]a eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana”;
RECONOCIENDO que, a pesar de las mejoras producidas durante la última década, los pueblos indígenas de Bolivia han sufrido injusticias históricas como consecuencia de la colonización y el despojo de sus tierras, territorios y recursos, entre otros, lo cual les ha impedido ejercer plenamente, en particular, su derecho al desarrollo en consonancia con sus necesidades e intereses propios;
DESTACANDO que los derechos inherentes de los pueblos indígenas de Bolivia, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales, así como de sus culturas, tradiciones espirituales, historias y filosofías, especialmente sus derechos a sus tierras, territorios y recursos, deben ser respetados y promovidos;
REAFIRMANDO que los pueblos indígenas, en el ejercicio de sus derechos, deben estar libres de todo tipo de discriminación;
CONSIDERANDO la importancia de eliminar todas las formas de discriminación racial o de violencia que derive de éstas que afecten a los ciudadanos de las Américas, especialmente a los pueblos indígenas, y tomando en cuenta la responsabilidad de los Estados de combatirlas;
AFIRMANDO que toda doctrina, política y práctica que se base en la promoción de la superioridad de pueblos o personas basándose en el origen nacional, racial, religioso, étnico o en las diferencias culturales en Bolivia, es racista, científicamente falsa, jurídicamente inválida, moralmente condenable y socialmente injusta; y
ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO el acuerdo firmado entre las autoridades bolivianas y la CIDH para instalar un grupo independiente de expertos internacionales para investigar los actos de violencia ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019,
RESUELVE:
1. Condenar las violaciones a los derechos humanos y el uso de la violencia contra cualquier ciudadano de Bolivia, especialmente toda forma de violencia e intimidación contra los bolivianos de origen indígena.
2. Condenar también la intolerancia hacia los símbolos, vestigios tradicionales y prácticas religiosas, así como cualquier aspecto de la civilización indígena que pueda ser objeto de trato o mención desigual.
3. Subrayar la necesidad de que las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia cumplan su responsabilidad inherente, como parte de la comunidad de naciones, de proteger los derechos humanos de todos en Bolivia.
4. Instar a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia a que respeten, cumplan y pongan en práctica eficazmente todas sus obligaciones derivadas del derecho internacional relativas a los pueblos indígenas, especialmente aquellas obligaciones relacionadas con los derechos humanos.
5. Reiterar el llamamiento realizado por el Consejo Permanente de la OEA el 20 de noviembre de 2019, en la resolución CP/RES. 1140 (2259/19) rev. 1, a todos los actores políticos y civiles en Bolivia, incluidas todas las autoridades, la sociedad civil, las fuerzas militares y de seguridad y el público general, para que cesen inmediatamente la violencia, preserven la paz y busquen un diálogo franco que promueva la reconciliación democrática nacional.
6. Hacer un llamamiento a las autoridades bolivianas para que garanticen, de manera plena e irrestricta, la observancia y la protección de los derechos humanos y garanticen la responsabilidad por cualquier violación de los mismos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, tal como se refleja en la resolución CP/RES. 1140 (2259/19) rev. 1, del Consejo Permanente de la OEA.
18 de diciembre de 2019
Fuentes: Cubadebate, Telesur y Erbol.com.bo
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