Las principales víctimas de la violencia social en el país suramericano son líderes de comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinos, activistas ambientalistas, feministas, periodistas, población de la comunidad sexodiversa, entre otros sectores
Por un lado, Iván Duque habla mal de Venezuela y de Nicolás Maduro para tratar de sesgar y silenciar los distintos crímenes de lesa humanidad que se registran diariamente en Colombia, gran parte de ellos cometidos por efectivos del Estado y grupos narco-paramilitares. Por el otro, la intimidación y los asesinato de líderes campesinos, sociales, políticos y estudiantiles se ejecutan con total impunidad en ese país.
Lo más reciente de este tipo de acciones intimidatorias y persecutorias en Colombia, que ejecutan estos grupos irregulares armados vinculados al negocio de la droga, el secuestro, el sicariato, la extorsión, ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos; fue denunciado públicamente «a la comunidad nacional e internacional» -el 9 de julio de 2019- por el Comité de Derechos Humanos de la Universidad de Nariño.
La denuncia pública titulada “Mensajes intimidantes del paramilitarismo en la Universidad de Nariño” alerta a las “diferentes instituciones del Estado” colombiano encargadas de velar por la vigencia de los derechos humanos y el respeto de la protesta social.
Los estudiantes de ese recinto universitario describen en su comunicado que el pasado jueves 4 de julio aparecieron “dos mensajes intimidantes, con las siglas ‘AUC’ en el Bloque 3, segundo piso, baño de hombres de la Universidad de Nariño, Sede Torobajo. Se teme que dichos mensajes supongan un anuncio del regreso de la estructura paramilitar denominada ‘Autodefensas Unidas de Colombia’, a nuestra casa de estudios”.
La comitiva de DD. HH. de la Universidad recuerda que durante el Gobierno de Álvaro Uribe Velez (2002-2010), mentor del actual presidente Duque, “el paramilitarismo hizo presencia en la Universidad de Nariño a través del Bloque Libertadores del Sur (BLS), comandado por Guillermo Pérez Álzate alias ‘Pablo Sevillano’, siendo responsable de amenazas y homicidios en contra de integrantes de la comunidad universitaria”.
“Muestra de ello es el homicidio de la líder estudiantil Adriana Benítez, hecho reconocido en versión libre ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y consignado en sentencia con fecha de 29 de septiembre de 2014”, acota el comunicado.
En ese sentido, los estudiantes alertan que recientemente, bajo la administración de Duque, han resurgido las antiguas acciones vinculadas a los paramilitares. Parte de esas deploradas intimidaciones y ejecuciones violatorias de los DD. HH. se han registrado en distintas instituciones públicas de educación superior: la Universidad de Antioquia, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
“En los últimos meses han aparecido múltiples panfletos y un video con amenazas de muerte por parte de estructuras paramilitares en contra de integrantes del movimiento estudiantil. Un capítulo aparte merecen los episodios de la Universidad de Atlántico, sucedidos el 8 de julio de 2019, en donde se instaló una bomba acompañada de mensajes intimidantes y un panfleto firmado por paramilitares, siendo necesaria la evacuación de toda la Universidad y la entrada de personal antiexplosivos de la Policía Nacional, a fin de adelantar una detonación controlada del artefacto”, acota la comitiva.
Por tal razón, la denuncia advierte que estos recientes eventos, que ponen en evidencia el resurgir del paramilitarismo contra los estudiantes, “deben ser revisados y analizados en contexto, puesto que permiten inferir que el paramilitarismo busca regresar a las universidades públicas, con el propósito de amenazar, reprimir, asesinar y silenciar al movimiento estudiantil”.
“La gravedad de esta situación exige que las autoridades competentes adelanten las investigaciones correspondientes y se adopten las medidas de protección que sean necesarias, para garantizar la vida e integridad de la comunidad universitaria”, acotan.
Duque y su Gobierno: responsables de los paramilitares
La comisión de DD. HH. de la Universidad de Nariño acotó en su misiva que ante cualquier irregularidad, suceso o violación a la integridad de la comunidad estudiantil, los responsables de tales hechos serán el “Estado colombiano en cabeza del presidente Iván Duque Márquez”, así como también el ministro de Defensa, Guillero Botero; el director general de la Policía Nacional, Oscar Atehortua Duque; y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
De igual forma, la comitiva universitaria exige a la Fiscalía General de la Nación abrir una indagación preliminar sobre la denuncia presentada, así como también realizar una revisión y análisis en contexto de los hechos para “adelantar los actos de investigación que corresponda y adoptar medidas de protección, en caso de ser necesario”.
“A la Defensoría del Pueblo Regional Nariño, Personería Municipal de Pasto, Alcaldía Municipal de Pasto y Gobernación de Nariño, registrar estas denuncias y realizar un seguimiento. De la misma forma, convocar a los escenarios de protección, prevención y análisis de riesgo que correspondan, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de la comunidad universitaria, ya que estos mensajes intimidantes suponen un primer indicio del regreso del paramilitarismo a la Universidad de Nariño”, acota el comité.
La violencia y la guerra en Colombia se ha incrementado, y las cifras lo confirman, sobre todo las relacionadas con el asesinato selectivo de líderes sociales, políticos y campesinos vinculados a la promoción de un nuevo modelo de país, hechos que lamentablemente se han vuelto cada vez más comunes.
Asesinatos de líderes sociales: paramilitares a sus anchas
Recientemente, el portavoz de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, reconoció la situación actual de vulneración a los derechos humanos que sufre Colombia, y la ineficacia del gobierno de Iván Duque para garantizar sus responsabilidades como Jefe de Estado.
“Estamos preocupados por el alto número de defensores de derechos humanos asesinados y por el hecho que estos mismos asesinatos siguen aumentando. Llamamos las autoridades colombianas a tomar las medidas necesarias en contra de la grave impunidad alrededor de esos casos”, dijo el portavoz de la ONU.
Las palabras de Colville hacen referencia a las más de 150 víctimas de paramilitares. Solo en los primeros cuatros meses de 2019 se han registrado 51 asesinatos a defensores de los derechos humanos, que realizaban labores políticas y sociales en sus regiones.
Mientras, en 2018, el equipo de la ONU registró 115 asesinatos de defensores y activistas sociales, que sumados a los 51 de este año sumarían 166 asesinatos.
De acuerdo con la ONU, los asesinatos son perpetrados especialmente en las zonas rurales y las víctimas son líderes de comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas, activistas ambientalistas, feministas, periodistas, población de la comunidad sexodiversa, entre otros.
“Estamos preocupados que, con la llegada de las elecciones de octubre, el número de asesinados y de hechos violentos vaya aumentando”, expresó el portavoz de la ONU el pasado 10 de mayo, citado por el portal Colombia Informa.
Tanto el expresidente Uribe, a quienes muchos consideran como el que manda en la Casa de Nariño, como su pupilo Duque, se encuentran relacionados a denuncias sobre múltiples delitos de lesa humanidad, como desapariciones forzosas, torturas, sicariato, falsos positivos, narcotráfico, corrupción, paramilitarismo, entre otros.
Las masacres de los “falsos positivos” fueron una práctica criminal utilizada por la fuerza pública entre 2002 y 2008, bajo el gobierno de Uribe, y consistía en la ejecución de personas a las que se hacía pasar por guerrilleros muertos en enfrentamientos.
Según datos de la organización no gubernamental Human Rights Watch, “más de 3.000 civiles” habrían sido asesinados de esa forma en ese periodo y en total, 961 uniformados habrían sido condenados por ese delito.
Colombia, principal productor mundial de cocaína, vive un conflicto armado que durante más medio siglo ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcos, con un saldo de más de ocho millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados.
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