La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este martes la destitución de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por su actuación durante la represión a las protestas antigubernamentales en 2019, que culminaron con un saldo 11 de muertos y 1.340 heridos.
Con 104 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones, la Asamblea Nacional resolvió este martes la moción de censura y destitución de la ministra Romo, tras una discusión legislativa que duró más de nueve horas.
Romo fue sometida a juicio político por el uso de bombas lacrimógenas caducadas contra los manifestantes, por parte de efectivos de la Policía Nacional del Ecuador (cuerpo que depende del Ministerio a su cargo), en octubre del año pasado.
De igual forma, se le condenó por el lanzamiento de gases lacrimógenos contra centros de paz y de acogida humanitaria que se instalaron al interior de la Universidad Salesiana y de la Universidad Católica de Quito, donde se alojaban parte de los manifestantes indígenas y campesinos, principalmente mujeres y niños.
Particularmente, la ministra de Gobierno fue juzgada por incumplir sus funciones, de conformidad con el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), que establece como falta grave el «disponer, con conocimiento, la utilización de equipamiento de dotación y demás materiales que se encuentren en mal estado o caducados».
Debate en Asamblea Nacional
«Es momento de rendir cuentas ante el pueblo ecuatoriano. Nuestro voto es por la censura y destitución», anunció la asambleísta Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano (PSC).
«En ninguna parte de la ley se faculta a la Policía para usar el material caducado», señaló, por su parte, el asambleísta Ronny Aleaga, de Revolución Ciudadana. «Sus disculpas no la eximen de la responsabilidad política (…) estamos en contra de la impunidad», dijo el parlamentario, quien se mostró a favor de la destitución de Romo.
En su intervención, el asambleísta Rodrigo Collaguazo recordó que el juicio político no es contra la Policía, ya que dicha institución «responde al poder civil», es decir, primero al presidente, y luego a la ministra de Gobierno, a quien acusó de criminalizar la protesta social. «Usted conocía sobre las bombas lacrimógenas caducadas y usted sabía sobre la peligrosidad», apuntó.
La Ministra Romo ha señalado que en el proyecto aprobado por la Comisión de Fiscalización y Control Político, y que dio luz verde al debate de este martes, «se impuso la tesis de la violencia y la anarquía que afectó a todo un país y buscó un golpe de Estado». «Los protagonistas de octubre buscan mi destitución como premio consuelo», señaló.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha defendido la actuación de Romo, a quien se le juzga «por haber actuado con valor y decisión» y en favor de la «democracia y la paz», según expresó el mandatario.
No obstante, durante el estallido social de octubre de 2019, que inició luego de que el presidente ecuatoriano anunció la eliminación del subsidio a los combustibles y otras medidas de austeridad, hubo una cruenta represión policial, que no solo dejó muertos y heridos, sino también 1.192 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Tras realizar una visita al país suramericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comprobó que las fuerzas de seguridad no respetaron los protocolos internacionales de actuación en el marco de las protestas. «Como [quedó] demostrado por la utilización indiscriminada de gas lacrimógeno, incluso en espacios en los cuales madres estaban reunidas con sus hijos y por las distintas muertes registradas en el periodo», afirmó el organismo en un informe.
Cortesía de RT
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