El Frente Unitario de Trabajadores rechaza las reformas laborales propuestas por el Gobierno al Código de Trabajo, presentadas por las cámaras de comercio de Quito y de Guayaquil
El 2 de abril de 2017, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 51.16 % de los ecuatorianos votó a favor de la continuidad de la Revolución Ciudadana que durante 10 años Rafael Correa promovió, defendió y ejerció. Poco más de un mes después, el 24 de mayo de ese mismo año, tomó posesión Lenín Moreno, quien se alzó con la victoria gracias al espaldarazo que le dio su predecesor.
El resto es una historia que aún se escribe: Moreno traicionó la voluntad de los más de cinco millones de ciudadanos que confiaron en él, pues rápidamente su Gobierno giró desde el socialismo de Correa a una gestión mucho más conservadora y neoliberal, en lo político, económico y social; hasta el punto de entregar al país al Fondo Monetario Internacional (FMI), a sus amos y aliados.
Hoy, en el punto medio de su mandato, el pueblo ecuatoriano ha decidido gritar «no más abusos» y protagonizar una huelga nacional que ha paralizado a buena parte del país. Desde el lunes 15 y -previsiblemente- hasta este viernes 19 de julio, diferentes gremios han tomado las calles de las principales ciudades, incluida Quito, para expresar su repudio a la gestión de Moreno.
A la iniciativa se sumaron organizaciones políticas y movimientos sociales, que junto a los gremios de campesinos, médicos, educadores, mineros, transportistas, entre otros; rechazan un política que ha elevado los niveles de desempleo y pobreza, sintiendo así la necesidad de salir a defender la soberanía de su patria.
La convocatoria fue realizada por la Asamblea Nacional Ciudadana (ANC), la Federación de Organizaciones Campesinas del Litoral (Fecaol) y la Confederación de Organizaciones Indígenas (FEI). Las concentraciones se desarrollan de manera progresiva en provincias como Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Bolívar, Manabí, Cañar, Los Ríos y Morona Santiago.
En un comunicado, los convocantes precisan que se trata de “acciones de resistencia contra el Gobierno neoliberal presidido por Lenin Moreno, contra sus amarres con el bloque de poder y cartel de medios de comunicación para la sumisión del país al FMI como otra cadena para atarlo más al imperialismo”.
De igual manera, expresan su descontento con las recientes y continuas privatizaciones de algunas de las principales empresas públicas, las cuales han derivado también en despidos masivos de trabajadores, recortes de presupuestos, eliminación del subsidio al combustible y un alza en el costo de los servicios básicos.
Cuáles son los reclamos
En declaraciones a Telesur, el titular de la organización minera Compemin, Wilfrido Lara, reiteró el llamado al Ejecutivo para que escuche al gremio y se digne de solucionar sus problemas.
«Somos un grupo que representamos a más de 8.000 mineros (…) Hemos venido desde hace tiempo acudiendo a las diferentes instancias del Gobierno para que nos regularicen. No queremos ser irregulares y no somos ilegales. Que le quede eso bien claro al Gobierno», aseguró.
Por su parte, el movimiento campesino levanta su voz de protesta contra «las políticas agrarias del Ejecutivo, las cuales benefician a terratenientes y transnacionales». Igualmente, asumen «la defensa de la naturaleza, del agua y la vida».
En tanto, el Frente Unitario de Trabajadores rechaza las reformas laborales propuestas por el Gobierno al Código de Trabajo, presentadas por las cámaras de comercio de Quito y de Guayaquil.
Entre las pretensiones patronales destacan una jornada laboral de seis días y 12 horas diarias, con jubilación a los 75 años, e incrementos de los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Asimismo, denuncian que con todo ello se pretende eliminar el pago de horas suplementarias, extraordinarias, jubilación patronal, bonificaciones por jubilación, descansos sábados y domingos, derecho a manifestaciones o huelgas, subsidio del gas y la flexibilización laboral.
El gremio denuncia que todo es consecuencia del acuerdo con el FMI, entidad que aprobó en marzo pasado un préstamo de 4.200 millones de dólares para apoyar las políticas económicas impulsadas por Moreno, previstas para ejecutarse durante los próximos tres años.
Por otro lado, la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis protesta contra el incumplimiento de cancelación de compensaciones, una deuda contraída por el Gobierno luego del aumento del precio de la gasolina, reseña Telesur.
«Desde hace siete meses los taxistas no reciben las compensaciones, que son de 37 centavos de dólar por el incremento del galón de gasolina», denunció el titular de la federación, Jorge Calderón.
En materia de política exterior, los ecuatorianos rechazan la entrega del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Reino Unido; la salida del bloque de integración regional Unasur y el incumplimiento de incontables ofertas públicas de campaña.
¿Y la respuesta de Moreno?
Lenín Moreno opta por hacerse de oídos sordos ante todos los sectores políticos y sociales que reclaman una reunión con él para ser escuchados. Su fijación está en otros asuntos que poco o nada tienen que ver con la tranquilidad y el bienestar de los ecuatorianos.
Por un lado, su fijación está en profundizar la persecución judicial -las acciones de lawfare- en contra de cualquier hombre o mujer que haya formado parte de la administración de Rafael Correa, aunque obviando el hecho de que él también la integró.
Por el otro, tiene buena parte de su atención en encontrar los mecanismos para manipular al Congreso, al Poder Judicial y a la Fiscalía y que desechen el caso conocido como Inapapers, tras la filtración de documentos por parte de Wikileaks.
De acuerdo con Actualidad RT, los documentos prueban que la familia de Moreno habría incurrido en delitos de corrupción, perjurio y lavado de activos, a través de empresas extranjeras ‘offshore’ en diversos paraísos fiscales. Incluso, una de esas empresas habría recibido injustificadamente 18 millones de dólares de parte de un contratista de un proyecto público, en los años en que Moreno fue vicepresidente.
Parte del blanqueo de esos capitales se habría hecho a través de la firma INA Investment, constituida en 2012 por el hermano del presidente, Edwin Moreno.
Además, también ocupa su tiempo en planificar cómo hacer que Ecuador sobreviva tras el pacto firmado con el FMI y otras entidades financieras mundiales, reconocidas por su corte neoliberal y por inducir a los gobiernos a aplicar duras medidas económicas contra la población, sobre todo en aquellas políticas destinadas a la inversión social y protección del pueblo. Ante ellas, endeudó a su país por más de 10.200 millones de dólares.
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