El Partido Nacionalista de Puerto Rico (PNPR), movimiento libertador, denunció que Estados Unidos promueve la injerencia e impulsa acciones violentas en países de Suramérica, con el objetivo de justificar un derrocamiento de los Gobiernos progresistas de la región.
«En esta nueva ofensiva en contra de nuestros pueblos se implementan esas recetas infalibles del imperio para justificar todos sus actos, (como parte de) su proyecto de dominio totalitario«, señalaron el presidente y el secretario general del PNPR, Gerardo Lugo Segarra y José Castillo Morales, respectivamente, reseñó una nota de Prensa Latina.
Lugo Segarra explicó que, al igual que en Venezuela, Washington ha emprendido una campaña mediática, a nivel internacional, en Nicaragua, como un mecanismo de solapar su actuación, que implica el financiamiento a sectores de la derecha, para que estos cometan actos vandálicos.
«Todo va acompañado de una superproducción que no escatima en gastos, donde se presenta al criminal infiltrado en manifestaciones populares u organizaciones como un «Quijote» de la justicia, Con ello Estados Unidos supera cualquier producción de Hollywood con el fin de desestabilizar los países«, agregó el dirigente político.
Violaciones al derecho internacional
Asimismo, el partido rechazó la subordinación de algunos Gobiernos de derecha suramericanos que apoyan este tipo de acciones contra los pueblos hermanos, y además violan leyes y acuerdos internacionales de respeto y autodeterminación.
“Condenamos el vergonzoso sometimiento de los gobiernos de Argentina, Colombia, Brasil, Panamá, Perú y Chile, entre otros; que no sólo se declaran amigos del amo yanqui, sino que también permiten que su territorio sea utilizado para agredir a un país hermano», declaró el Partido Nacionalista en un comunicado.
Ante este escenario, el Gobierno nicaragüense ha reafirmado su disposición y compromiso con el diálogo, como una vía para dirimir las diferencias políticas que existen en el país.
Nicaragua vive desde el 18 de abril una crisis sociopolítica, luego de que protestas contra reformas del gobierno al seguro social -más tarde derogadas- derivaron en enfrentamientos y actos criminales que han dejado hasta el momento al menos 108 fallecidos.
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