La pacificación de las favelas de Río de Janeiro no se logró por la falta de diálogo con los moradores y de políticas sociales, «fue una ocupación, una imposición de la paz», admite a Efe Paulo César Améndola, secretario municipal de Orden Público y creador del Batallón de Operaciones Especiales.
El recrudecimiento de la violencia en Río ha puesto en cuestión en los últimos meses el proceso iniciado en 2008, con la instalación de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en algunas de las más populosas favelas de Río.
El coronel Améndola, fundador del Batallón de Operaciones Especiales (Bope), y actual responsable de Orden Público en Río, recuerda que en los grandes complejos de favelas el proceso comenzó con la entrada del Ejército para allanar el camino al cuerpo de elite de la Policía Militar e instalar las UPP.
A la vista de los resultados, una década después, Améndola reconoce, en una entrevista con Efe, que «el Estado no dio la asistencia que debería» y que «faltó concertar con los habitantes».
El Ejército y el Bope «prepararon el terreno para que entraran las Upps, pero fue una ocupación, una imposición de la pacificación, y la imposición no siempre es correcta porque hay reacciones posteriores», apunta.
A su juicio, es necesario «mapear» las comunidades para conseguir información y dialogar con los vecinos para ofrecerles políticas sociales y servicios públicos.
«Los moradores quieren apoyo social, los propios traficantes no quieren que sus hijos sean traficantes, el bandido que está en la favela no quiere que sus hijos sean bandidos», afirma.
Améndola asegura que el alcalde de Río, Marcelo Crivella, ha iniciado ya el diálogo con las favelas y tiene proyectos sociales que pueden contribuir a rebajar la tensión.
No obstante, y aunque considera que en Río no se libra una «guerra», reconoce que la ciudad vive una situación «difícil», agravada por la crisis económica, la corrupción y la «diversificación» de actividades de los traficantes, que ahora también se dedican a robo de cargas para aumentar sus ganancias.
El conflicto, opina, podría resolverse a medio plazo mediante la colaboración entre las distintas administraciones y las fuerzas de seguridad.
Señalado por organizaciones de Derechos Humanos por su papel en la dictadura militar (1964-1985), el coronel defiende el diálogo, aunque justifica también la «represión» en algunas circunstancias.
«La represión es necesaria, pero no solo sirve la acción represiva, tiene que haber una acción de prevención, educativa, social», continúa.
Sostiene que el uso de armas es el último recurso que debe emplear la Policía, pero reclama que la guardia municipal, que ahora porta armas no letales, pueda patrullar con pistolas.
Armar a los guardias municipales requiere de una reforma legal que, por el momento, no cuenta con apoyo mayoritario en la cámara municipal.
Améndola deberá conformarse con las perspectivas de un aumento de su presupuesto de la mano de una ley que permite destinar parte de la recaudación de infracciones urbanas -desde tráfico a basura- a Orden Público y que podría beneficiarle con unos 30 millones de reales (unos 10 millones de dólares) al mes.
Los 7.500 efectivos de la guardia municipal de Río de Janeiro -que arrojan una media de 2.000 activos al día- no son suficientes y Améndola confía en lograr recursos para llegar hasta los 10.000 que le permite la ley.
Recursos que se destinarían también a aumentar la vigilancia a través de cámaras de seguridad, una iniciativa aún en fase experimental pero que, según el coronel, está ayudando a reducir significativamente los robos en la zona sur.
La clave, insiste, es atajar los efectos de la violencia pero también las causas, porque «más de lo mismo no va a resolver el problema de Río de Janeiro».
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