Horas después de la simbólica y trascendental firma de la paz entre el presidente Juan Manuel Santos y el comandante guerrillero Timoleón Jiménez, es preciso atemperar la emoción y empezar a compartir diversas miradas y análisis sobre las disputas, obstáculos y posibilidades del cambio social que despuntan en el escenario del posacuerdo. Siempre reconociendo el enorme esfuerzo político de muchos sectores del país, liderados por la mesa de diálogos que sesionó en la Habana, para lograr movilizar el debate colombiano desde el mezquino eje de la guerra hacia el eje gravitacional de la paz. A partir del triunfo de la paz, la pugna será por lograr que ésta sea el epicentro de las disputas políticas nacionales que permita inclinar al país hacia la justicia social, logrando superar la guerra, y a la vez, el neoliberalismo. Para así derrotar los dos motores de la desigualdad y la pobreza.
En un análisis detallado de los discursos realizados durante todo el proceso de paz por la alianza de gobierno, por la insurgencia, por la extrema derecha y por el movimiento social, siempre están presentes dos tensiones: Paz o Guerra y Neoliberalismo o Justicia Social. Timochenko sintetizó la contradicción cuando en su discurso de Cartagena afirmó sobre el acuerdo que “su firma no significa que capitalismo y socialismo comenzaron a sollozar».
Sin ninguna ingenuidad, se debe advertir que la paz pretendida por las élites del poder es el desarme del enemigo popular insurgente. Los sectores de poder no han pensado o manifestado en ningún momento ceder en el terreno de la materialidad de la vida individual y colectiva de la sociedad colombiana. Más neoliberalismo es lo que prometen. Desde el discurso de Humberto de la Calle hace cuatro años en la instalación de los diálogos en la ciudad de Oslo (Noruega), fue taxativa la postura de las élites colombianas: por ningún motivo está en discusión el modelo económico.
Ayer el presidente Santos le habló con especial acento al país de derechas, enviando un mensaje “tranquilizador” por haber alcanzado una paz sin cambios sociales y económicos, ni siquiera reconoció que la violencia política se ha utilizado como forma de eliminación de los sectores abiertamente contra-hegemónicos. Le dio la bienvenida a la insurgencia a la democracia existente, es decir, estrecha, colmada de vicios, clientelista y corrupta. Contrario al discurso de Humberto de la Calle el pasado 23 de agosto, Santos recogió el destello republicano y se mostró poco dispuesto a la construcción del nuevo consenso social de inclusión, que supone la apertura democrática pactada en el punto de Participación Política del Acuerdo de la Habana.
La dramática situación humanitaria de la guerra, llegada al límite en el gobierno uribista (2002-2010), permitió generar un enorme velo que aún esconde a las mayorías los principales problemas del país. Es decir, los efectos de 26 años de neoliberalismo, que destruyó el trabajo, privatizó las empresas del Estado encargadas de generar derechos y encaminó al país a la primarización de la economía con condiciones solo favorables para las transnacionales. Es decir, una economía del despojo. Esa es la pesada ancla que deberá ser recogida para que el país suelte las amarras de la democracia y construya un nuevo consenso social, económico y político en un proceso constituyente.
Es verdad que existe alegría y un clima político de un nuevo momento, herramientas invaluables para saltar hacia las luchas por la justicia social. La implementación de los acuerdos, que -en teoría- empezarán a materializarse después del triunfo del Sí en el plebiscito, no será un momento para observarlo detrás de la barrera, se necesitará el concurso de un movimiento social y popular activo en las calles para concretar la aplicación con éxito de los acuerdos, descubriendo los ojos de muchas personas que hoy no quieren ver.
Los tiempos venideros en Colombia, serán para afianzar la paz como eje central de la política nacional, apoyada por el “pacto nacional contra la violencia política” incluido en los acuerdos de la Habana, que deberá incidir para lograr la paz completa con todas las insurgencias y el inicio del proceso constituyente. Será además el momento propicio para la consolidación de una profunda disputa cultural sobre el proyecto político-económico necesario para transformar la realidad actual, resignificando el papel de la política, creando nuevos escenarios de participación para la democratización de derechos y rehabilitando el debate económico, tan ausente en estas tres décadas del neoliberalismo, en las cuales la última palabra la han tenido los “chicago boys” y los agentes del Fondo Monetario Internacional.
Javier Calderón Castillo es Magister en Sociología y Doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires-UBA. Miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América latina y el Caribe, IEALC-UBA.
Artículo publicado en www.celag.org