¡Persecución judicial múltiple! La lucha que libra Cristina Fernández en Argentina

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), libra actualmente una persecución judicial múltiple que es orquestada en su contra por sus adversarios políticos que pretenden anularla ante su posible candidatura presidencial que -según varias encuestas- ostenta popularidad en la población y tien una intención de voto superior a la del actual mandatario, Mauricio Macri.

Un despacho de la agencia Sputnik informó este lunes que el abogado de la exjefa de Estado, introdujo este lunes “una solicitud para recusar al juez y al fiscal de la causa que la investiga en el marco de coimas millonarias en obras públicas durante su Gobierno a través del Ministerio de Planificación”, trama a la que se ha tratado de vincular a Fernández, así como otros casos que «desde hace más de dos años y medio”, la expresidenta «viene siendo sometida a una múltiple persecución».

En el texto que fue difundido por la exmandataria a través de su cuenta de la red social Twitter, se indica que, desde que asumió el presidente Mauricio Macri , su «representada ha sido sometida a una múltiple persecución judicial a través de la cual se judicializan hechos que tienen que ver con la política económica adoptada durante su Gobierno».

Desde hace dos años vengo pidiendo que se realice una auditoría de toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015. En todas las instancias judiciales, mi pedido fue denegado. Los proyectos de ley presentados en ese sentido, no fueron tratados por el rechazo del oficialismo.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 13, 2018

«Para que la maniobra persecutoria sea eficaz y rinda sus efectos ante la opinión pública, en todos los casos se ha pretendido conectar a tales actos de naturaleza política con maniobras de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros presuntos hechos de corrupción en los que también incluso se llegó a imputar a los hijos de mi representada y a otros miembros cercanos de su familia», indica el texto.

La nulidad de la causa, según el documento presentado por Beraldi al juez Claudio Bonadio, indica que «a través de dos presentaciones independientes habré de requerir el inmediato apartamiento tanto del fiscal como del magistrado que intervienen en la causa».

Este planteamiento de la defensa de Fernández, quien actualmente es senadora de la República, se efectuó durante una nueva citación de los tribunales a la que acudió la expresidenta para que prestara declaración indagatoria por la causa de asociación ilícita.

Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra, hermano del alma de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos socios entre sí y de otros empresarios en materia de energía y obra pública…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 13, 2018

Persecución incluye a un juez parcializado y a la esposa de un chofer

La defensa de Fernández argumenta que «es claro» que se está ante la presencia de un caso de «fórum shopping», es decir, que el juez carece de imparcialidad y el fiscal no actúa de manera objetiva, lo «que determina una directa afectación a las reglas del debido proceso legal y la garantía del juez natural, así como también a las pautas que deben regir la actuación del Ministerio Público fiscal».

Por su parte, Cristina Fernández publicó en la red social Twitter que desde el 10 de diciembre de 2015 le «armaron seis causas penales y todas ellas fueron radicadas en Comodoro Py (tribunales), de las seis, cinco fueron iniciadas e impulsadas por Bonadío. ¿Milagro? No. ¿Fórum shopping?».

«Algo peor: decisión política del Poder Judicial -en su más alta expresión- en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos, para ungir a Bonadío como brazo de persecución contra mi persona», agregó la exmandataria, quien subrayó que utilizar la justicia es «la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI».

Entre estos dirigentes progresistas que son víctimas de la persecución judicial se encuentra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2011), preso desde abril pasado luego que le dictaran una condena de 12 años sin determinarse su culpabilidad en supuestos delitos de corrupción y blanqueo de dinero.

De igual forma, su sucesora Dilma Rousseff, ha sido víctima de esta acción que alientan gobiernos neoliberales, serviles a los intereses de los Estados Unidos, para contrarrestar y debilitar las fuerzas progresistas en la región, así como a sus actores principales.

Otro de los perseguidos judiciales es el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, a quien la justicia ecuatoriana pretende involucrar en el presunto secuestro de Fernando Balda, un incidente que ocurrió en Bogotá, Colombia, hace seis años.

En Ecuador, el vicepresidente Jorge Glas, ya fue víctima de esta estrategia al involucrarlo -sin contar con pruebas que lo incriminen- en el caso de sobornos vinculados a la empresa brasileña Odebrecht en América Latina y sentenciarlo a más de seis años de prisión, lo que además acarrea su inhabilitación política.

La persecución judicial comenzó a partir de una declaración de la esposa de Óscar Centeno, chófer de Baratta

En el caso de Argentina, la policía de ese país detuvo el pasado 1° de agosto -por orden judicial- a Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido, ministro de Planificación Federal en los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández, esto como parte de una investigación por coimas millonarias.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia acusados de ser parte de una asociación ilícita que presuntamente recibía dinero que entregaban los contratistas de la obra pública.

Toda esta persecución judicial comenzó a partir de una declaración de la esposa de Óscar Centeno, chófer de Baratta, quien contó cómo supuestamente recogía y repartía dinero vinculado con De Vido.

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