El ex presidente de Perú, Alan García (1985-1990 y 2006-2011), informó este martes que solicitó al Ministerio Público, el pasado 12 de julio, acudir al despacho del fiscal Hamilton Castro, que investiga el caso Lava Jato, para declarar sobre los presuntos sobornos que habría pagado la empresa Odebrecht durante su segundo gobierno.
A través de Twitter, el ex mandatario publicó el documento en el que manifiesta a Castro su disposición a colaborar con las diligencias. “A la fecha han transcurrido cerca de cuatro meses desde que su despacho dispuso iniciar las diligencias preliminares en la presente carpeta, en tal virtud, cumplo con manifestarle mi total disposición, colaboración y voluntad de brindar mi declaración ante su despacho de manera inmediata y cuando lo considere necesario”, se lee en el oficio.
La Fiscalía de Perú le abrió una investigación preliminar a Alan García, al ex ministro de Transportes Enrique Cornejo y al ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plasencia, por la presunta influencia para beneficiar a la empresa Odebrecht con la adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima.
Fuentes de Perú21 en el Ministerio Público indicaron que “nadie le dicta la agenda a los fiscales” y manifestaron que si aún no se ha citado al ex jefe de Estado es porque Hamilton Castro está recabando información e interrogando a otros testigos antes de hacerlo con García.
Alan García
Por su parte, el también expresidente Ollanta Humala (2011-2016), sucesor de García, ya tiene fecha de apelación contra los 18 meses de prisión preventiva a él y su mujer, Nadine Heredia. La cita fue programada para el lunes 31 de julio a las 9:00 de la mañana en la Sala Penal Nacional de Perú.
La participación del ex presidente y la ex primera dama en la audiencia será a través de videoconferencia. En los últimos días, la Segunda Sala Penal de Apelaciones buscaba que Humala y Heredia asistieran a la audiencia de manera presencial.
Ollanta Humala
La ex pareja presidencial es investigada por el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos. Según la investigación fiscal, financiaron sus campañas presidenciales del 2006 y 2011 con dinero ilícito de la empresa Odebrecht.
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