El Ministerio de Interior de Perú (Miniter) confirmó la existencia de serios indicios sobre la existencia de un Escuadrón de la muerte dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP).
El viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, señaló que hay «serios indicios de la existencia de una agrupación irregular formada por oficiales y suboficales de la Policía que, para obtener ventajas personales, habría falseado información de Inteligencia, simulado enfrentamientos y abatido a personas en, por lo menos, seis casos».
De acuerdo a la investigación adelantada por el Mininter, el grupo estaría conformado por un oficial y por lo menos siete suboficiales.
Según un colaborador que aseguró haber formado parte del grupo de informantes civiles pagados por el mencionado comandante, estos incentivaban a delincuentes de baja categoría a cometer delitos sencillos, información que luego filtraban a la Policía. Así, los agentes sorprendían a los delincuentes y los abatían a disparos, para después informar de que los tiroteos habían sido producto de enfrentamientos arriesgados.
Rubén Vargas reveló que se encontraron referencias sobre un «grupo especial de inteligencia contra el crimen organizado (Geico), ubicado en la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dicorte), al que se encomienda desplazarse a las ciudades donde vienen operando las organizaciones criminales». «El comando general de este grupo estaba a cargo de un coronel PNP, actualmente general. (…) Varios integrantes de esta agrupación fueron condecorados en noviembre del 2015 por acción distinguida», añadió el Viceministro peruano.
Según informó TeleSUR, el Miniter concluyó que algunos de los supuestos delincuentes abatidos en los seis casos ni siquiera registraban antecedentes delictivos o requisitorias que justificara que se les haya señalado como objetivos de intervenciones policiales.
A principios del mes de agosto, la Fiscalía y la Dirección de Inspección General de la Policía Nacional de Perú abrieron investigaciones contra casi un centenar de agentes, presuntamente vinculados con ejecuciones extrajudiciales durante operativos armados. Los investigados, 16 oficiales y 80 suboficiales, habrían cometido ejecuciones extrajudiciales bajo el liderazgo del comandante Enrique Prado Ravines entre los años 2011 y 2015, con el objetivo de obtener ascensos y distinciones policiales.