El Salvador vive momentos de intensa tensión entre dos poderes del Estado, ya que el presidente de esa nación, Nayib Bukele, amenazó a la Asamblea Legislativa e incluso llamó a la insurrección, si los diputados no le aprueban un préstamo de 109 millones de dólares para su plan de seguridad.
Bukele invocó a la Constitución para obligar sesionar a la Asamblea, una decisión catalogada como viciada por expertos constitucionales , y como medida de intimidación extra decidió militarizar el recinto legislativo y retiró a los agentes designados para brindar seguridad a cada uno de los diputados, incumpliendo la Ley.
El mandatario le exige a la Asamblea Legislativa que le apruebe un préstamo de $109 para financiar el Plan Control Territorial, con el que dice haber logrado contener los altos índices de homicidio en el país.
Según el mandatario, el dinero será utilizado en la compra de helicópteros, un buque para búsqueda y rescate, cámaras de videovigilancia, drones, patrullas, uniformes policiales, radios, ambulancias, camiones y lentes de visión nocturna
No obstante, esta solicitud fue rechazada por el órgano legislativo al ser tramitada a través de un procedimiento de emergencia calificado por los legisladores como improcedente.
En su respuesta, los diputados advirtieron que una aprobación -en los términos que empuja Bukele- podría ser inconstitucional y que la convocatoria transgrede la independencia de los órganos del Estado, establecida en los artículos 86 y 167 ordinales cuarto y sexto de la Constitución.
Asimismo, indicaron que la aprobación del préstamo debe contar con el visto bueno de la Comisión de Hacienda en la que el mandatario no cuenta con los apoyos necesarios.
Sin embargo, los miembros de la comisión aseguran que el Ejecutivo no ha explicado con detalle en qué será ejecutado el dinero.
La negativa del ente legislativo también obedece a los presuntos hechos de corrupción en los que estarían involucrados miembros del Gabinete de Bukele.
Frente a la negativa de la Asamblea, el Consejo de Ministros del Gobierno de Bukele emitió una resolución en la que se invoca el artículo 167 de la Constitución, para convocar extraordinariamente al órgano legislativo para reunirse y discutir la petición de que se autorice el préstamo.
De este modo, el Ejecutivo decidió convocar a la población a reunirse este domingo 9 de febrero a las 3:00 de la tarde frente Asamblea Legislativa.
“Convoco al pueblo salvadoreño a presentarse a la Asamblea, este domingo a las 3 pm, a ser testigo de la sesión extraordinaria para la votación sobre el financiamiento de la Fase 3 del Plan Control Territorial y darles a nuestros policías y soldados las condiciones que necesita”, agregó el presidente.
El presidente hizo un llamado explícito a la insurrección (artículo 87 de la Constitución) como amenaza a los diputados si deciden no presentarse a la convocatoria.
“La insurrección del artículo 87 de la Constitución solo se puede cuando se ha violentado el orden Constitucional, por la transgresión a la forma de Gobierno, al sistema político, y por graves violaciones a los derechos Constitucionales, y en la actualidad no hay elementos jurídicos ni políticos para que se de una insurrección y la característica de este derecho es «el derecho al pueblo», no de ningún Órgano de Estado”, indicó el portal Canal.114.
Asimismo, desde tempranas horas del sábado, efectivos militares rodearon los alrededores de la Asamblea Legislativa, para intensificar la presión.
Las acciones de Bukele han sido duramente criticadas por diversos sectores políticos por violentar la constitución y representar una violación a la independencia de cada uno de los órganos de Estado.
Oposición denuncia autogolpe
Los líderes de los principales partidos de oposición -la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y del izquierdista FMLN- hicieron sendas denuncias a lo que denominaron «acciones dictatoriales” y «autogolpes”.
El diputado de ARENA, Carlos Reyes, leyó un comunicado ante periodistas en el que pidió la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para resolver la tensión política y «active de inmediato los mecanismos preventivos establecidos en la Carta Democrática Interamericana para evitar el incumplimiento del orden constitucional en El Salvador y se actué para detener de inmediato el proceso de autogolpe actualmente en curso».
En tanto, el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, demandó a Bukele «frenar sus amenazas, propias de una dictadura» y señaló que «los costos políticos de sus acciones podrían ser elevados para el país, pero también para él».
Diversas organizaciones de la sociedad civil –jurídicas, empresariales o ciudadanas– se pronunciaron contra la convocatoria extraordinaria presidencial y los llamados a la insurrección.
El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección El Salvador ,denunció mediante un comunicado que en la convocatoria hecha por el Consejo de Ministros “hay un vicio intrínseco” que provocaría que dicha plenaria se “contamine de inconstitucionalidad” y que lo que se aprobara en la misma sería declarado “nulo” por el Órgano Judicial, porque no hay circunstancias “excepcionales” que sustenten este proceso.
Por su parte, el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) –instancia creada luego de la firma de los Acuerdos de Paz- José Apolonio Tobar advirtió que «pareciera que se pretende crear condiciones parecidas a las que han ocurrido en Sur América, en donde la conflictividad social ha llegado al exceso de derrumbar parlamentos cuando éstos no han sido anuentes a las iniciativas de ley del Ejecutivo”.
Tobar agregó que «es válido que cualquier funcionario de la República convoque al pueblo salvadoreño a una concentración (…) pero la asistencia de todas las personas debe ser voluntaria e informada; por lo tanto, al existir un llamado a empleados públicos para que se presenten a la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa con la advertencia que se ‘pasará lista’ y su asistencia o inasistencia será tomada en cuenta para futuras evaluaciones, constituye una grave violación al derecho humano”.
Asamblea busca superar la crisis
La Asamblea Legislativa de El Salvador fracasó la noche del sábado en su intento de celebrar una reunión extraordinaria para superar la crisis con el Ejecutivo.
«Queda constancia que esta presidencia ha hecho los esfuerzos necesarios para resolver la crisis que se ha generado inter-órganos (Ejecutivo-Legislativo) y para esos efectos se convocó a esta sesión plenaria la que no fue posible realizar por no existir el quórum requerido», declaró el presidente del Congreso, Mario Ponce.
A la sesión de este sábado solo llegaron 28 de los 84 diputados de la Asamblea unicameral y Ponce realizó una nueva convocatoria para el lunes, en medio de la presión del gobierno.
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