Por qué los yanomamis de Brasil le hicieron brujería al ministro Jucá (y dimitió)

Al menos, eso le dijo a BBC Brasil el joven líder yanomami Darío Kopenawa, coordinador de la asociación Hutukara, con sede en Boa Vista (estado de Roraima).

La razón venía del temor a las propuestas del ministro, a quien considera «el mayor enemigo de los pueblos indígenas de Brasil».

«Funcionó», celebra el joven en referencia a la reciente renuncia del funcionario, quien el lunes decidió dejar temporalmente el cargo tras haberse revelado una grabación comprometedora.

En el audio, grabado en marzo, Jucá hablaba de un pacto para derrocar a la presidenta Dilma Rousseff y detener la operación Lava Jato, la investigación sobre corrupción que ha sacudido la política brasilera.

El funcionario admitió que la grabación es cierta, pero afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto.

Garimpeiros

La relación difícil de Jucá, presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), con los yanomamis fue mencionada en el informe final de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) en 2015.

En el capítulo sobre violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, el informe señala que durante la gestión del político como presidente de la Fundación Nacional Indígena (Funai), entre 1986 y 1988, se produjo el «caso más flagrante de apoyo del poder público a la invasión de los garimpeiros«.

La entrada de los garimpeiros (mineros ilegales) a Roraima ganó impulso en 1986, cuando el Gobierno federal amplió una pista de aterrizaje cercana a la frontera con Venezuela.

La obra facilitó el ingreso de los invasores que, al final de la década ya eran unos 40.000 y construyeron más de un centenar de otras pistas aéreas.

Según el informe de la CNV, pese a haber sido alertado repetidas veces sobre la invasión, Jucá no sólo no la combatió sino que la estimuló.

«Comunidades enteras desaparecieron como consecuencia de las epidemias, de los conflictos con los garimpeiros o devastadas por el hambre. Los garimpeirosatrajeron a los indios, que abandonaron su forma de vida y se fueron a vivir de las minas», dice el documento.

«La prostitución y el secuestro de niños agravaron la situación de descomposición social», agrega.

Se estima que hasta una cuarta parte de los yanomami murieron a causa de los efectos directos o indirectos de la minería, lo que aumentó la presión internacional para que los invasores fueran expulsados y el territorio delimitado.

Bajo presión, según el informe de la CNV, Jucá expulsó a varias ONG y misiones religiosas extranjeras que proporcionaban atención de salud a los indígenas, afirmando que los grupos estaban fomentando el levantamiento de las comunidades contra los mineros y que los extranjeros amenazaban la soberanía nacional.

También fueron expulsados misioneros brasileños que asistían a los indígenas.

Sin ningún tipo de atención médica en los pueblos durante un año y medio, los casos de malaria entre los yanomami crecieron 500%, dice la CNV.

«Además de no expulsar a los mineros, Jucá actuó para sacar a las personas que ofrecían atención sanitaria en medio de uno de los momentos más dramáticos de la historia de los yanomami», dijo a BBC Brasil Rogério Duarte do Pateo.

Duarte do Pateo es profesor de antropología en la Universidad Federal Minas Gerais (UFMG) y autor del texto que abordaba la situación de ese pueblo indígena en el informe de la CNV.

La expulsión de los equipos sanitarios fue denunciada ante la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de la ONU, que exigió explicaciones a Brasil.

Profesionales de la salud sólo volvieron a esa zona cuando un comité dirigido por el senador Severo Gomes rompió el bloqueo del territorio y verificó la grave situación sanitaria de las personas.

El Gobierno federal demarcó el territorio yanomami en 1992.

Una encuesta del Instituto Socioambiental (ISA) enumera otras acciones controvertidas de Jucá en la Funai, como el otorgamiento de permisos para la tala en tierras indígenas y una ordenanza que restringe los derechos de los indígenas hablantes de portugués.

En 1996, durante su primer período como senador por Roraima, Jucá presentó un proyecto de ley para reglamentar la exploración minera de las tierras indígenas. Entre idas y vueltas, en junio de 2015 la Cámara de Diputados creó una comisión para analizar la propuesta.

En agosto, la revista Época reveló que la empresa minera Boa Vista, que tiene como socia mayoritaria a Marina Jucá, una hija del senador, había solicitado al Departamento Nacional de Producción Mineral una autorización para explorar oro en nueve minas ubicadas en tierras indígenas.

De acuerdo con la revista, Jucá negó tener alguna relación con la empresa de su hija. El senador no respondió a las preguntas de BBC Brasil sobre su actuación en la Funai y sobre el informe de la CNV.

Amenazas de muerte

Una investigación reciente de la Fundación Oswaldo Cruz, vinculada al ministerio de Salud de Brasil, en colaboración con el ISA reveló que, en algunas aldeas yanomamis el índice de personas contaminadas por mercurio procedente de las minas alcanza a 92%.

En julio de 2015, una operación de la Policía Federal denunció a 600 garimpeiros, 30 empresas, 26 comerciantes de Boa Vista y a cinco funcionarios públicos por estar involucrados en un plan ilegal para explotar oro en la tierra de los yanomami.

Según la policía, la explotación minera en ese territorio movió 1.000 millones de reales (unos US$280 millones) entre 2013 y 2014.

Dario Kopenawa cuenta que perdió a sus abuelos y otros familiares durante la invasión de garimpeiros en la década de 1980. Afirma, además, que la actividad ha causado daños irreversibles al medioambiente.

«Tuvo un impacto muy grande no solo sobre los yanomami: destruyó ríos, arroyos, dejó gran cantidad de suciedad en la tierra».

A pesar de las sucesivas operaciones para expulsar a los invasores, los mineros nunca fueron erradicados de la zona.

El padre de Dario, el chamán yanomami Davi Kopenawa, dice que ha sido blanco frecuente de amenazas de muerte por oponerse a la actividad de los mineros.