En Bolivia, desde que el mandatario Evo Morales fue depuesto a través de un golpe de Estado y obligado a exiliarse en México, la autoproclamada “presidenta interina” Jeanine Añez se ha propuesto tratar de ocultar la ilegitimidad de su régimen a toda costa, valiéndose de la represión contra el pueblo y la persecución de los líderes sociales, así como de la censura a los medios de comunicación locales e internacionales.
El objetivo es controlar la información que se difunde sobre la crisis política y social que atraviesa Bolivia, para que no se muestren los muertos y las constantes violaciones a los derechos humanos, ocasionadas por la violenta arremetida contra las manifestaciones en su contra.
La senadora opositora, abogada y exdirectora del medio de comunicación Totalvisión, consciente de que no podía valerse simplemente del apoyo de un sector golpista de las Fuerzas Armadas para poder mantener su régimen, optó por amenazar y chantajear a la prensa, ya que casi el 60 % de los ingresos de los periódicos depende de la publicidad estatal.
Algunos medios de comunicación bolivianos cedieron a la presión, por lo que sus páginas y pantallas se han llenado de expresiones como «terrorismo», «enfrentamientos» y «pacificación» para «justificar» la represión, mientras que las muertes causadas por las acciones golpistas, o el mismo reconocimiento de la existencia de un golpe, son ignoradas.
«Los medios bolivianos no muestran los muertos, ni sus historias, ni las condiciones en las que murieron. Argumentan que las Fuerzas Armadas actúan para garantizar el orden interno. El objetivo es demonizar la figura de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS), instalar la idea de que quienes se movilizan contra el golpe son bandas de delincuentes pagadas», condenó el politólogo argentino y magister en Estudios Sociales Latinoamericano, Juan Manuel Karg, en declaraciones a Página 12.
«Hay una fuerte manipulación mediática para justificar el gobierno de facto, que la prensa boliviana llama ‘gobierno de transición'», explicó Karg, quien, desde Argentina, ha cubierto el desarrollo del golpe desde la renuncia forzada de Evo Morales, y por lo que ha recibido amenazas desde diferentes sectores del régimen de Áñez.
Medios televisivos como Unitel, Red Uno y ATB; y los diarios El Deber, La Razón y Página Siete siguen el guión trazado por Áñez, que incluye el supuesto ‘fraude electoral’ cometido por el presidente Evo Morales y los ‘atentados terroristas’ perpetrados por los seguidores del MAS.
Amenazas a la prensa
Áñez busca controlar el flujo de información para consolidar el golpe de Estado; para que el pueblo boliviano no pueda acceder a ningún dato adverso a sus intereses y el mundo no conozca las agresiones y violaciones perpetradas por su régimen golpista.
«Hoy, la población boliviana, sobre todo la izquierda, se está informando más por la prensa argentina que por la prensa boliviana«, confesó el director de uno de los principales medios de Bolivia que, por cuestiones de seguridad, pidió a Página 12 no dar a conocer su nombre.
«Los medios de comunicación tuvieron que comenzar a cuidar el lenguaje porque hay mucho miedo. Impusieron la peor de las censuras», advirtió el empresario mediático.
Su caso no es el único, varios periodistas bolivianos denuncian que han sido amenazados, despedidos y amedrentados en la calle. Varios canales de televisión -como Bolivia TV o Abya Yala TV- y radios comunitarias han sido ocupadas por los grupos de choque afines a Áñez y al opositor Luis Fernando Camacho, una de las principales cabezas del golpe de Estado y la violencia.
Un hecho que conmocionó a la opinión pública fue que estos grupos al servicio de la derecha ataron a un árbol al director de Radio Comunidad, José Aramayo, luego de tomar las instalaciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y cortaron la señal del medio de comunicación indígena que funcionaba en esa sede.
Agresiones a periodistas extranjeros
Otro episodio con fuerte repercusión internacional fue cuando la ministra de Comunicación del gobierno de facto, Roxana Lizárraga, acusó a los periodistas de medios nacionales e internacionales que cubrían las protestas contra el golpe de ser «sediciosos».
Lizárraga, que en su perfil de Twitter se describe como «periodista, abogada, guerrera de la democracia y la libertad de expresión», amenazó a los «periodistas o pseudoperiodistas que estén haciendo sedición» con una eventual condena, al tener que «responder a la ley boliviana».
«Ya se tienen identificados a los periodistas extranjeros que están causando sedición”, advirtió, mientras que el ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo, amenazó con “tomar las acciones pertinentes en todo esto».
La sentencia no fue en vano, ya que un grupo de periodistas argentinos de los medios A24, Crónica TV y TN que se trasladaron hasta La Paz para cubrir la crisis política fueron agredidos por grupos de choque que los amenazaron con prenderles fuego, y los persiguieron hasta el hotel en donde se alojaban mientras les tiraban piedras.
Una vez refugiados en el hotel, los periodistas solicitaron ayuda a las autoridades argentinas quienes los buscaron y trasladaron a la Embajada para resguardarlos hasta que regresaran a su país, debido a que su integridad física corría peligro.
Otros casos registrados son los del camarógrafo Lucio Gómez y el productor Jerónimo Loguzzo, de Telefe, y el del periodista Rolando Graña, de América TV, quienes fueron agredidos y acusado de sedición mientras realizaban su labor en las calles de La Paz.
Estos profesionales fueron blanco de una campaña de desinformación, en la que publicaron sus nombres y fotografías en un periódico, acusándolos de incitar a la violencia.
Esto llevó a que la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) emitiera un comunicado en el que advirtió que «observa con grave preocupación los distintos actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación» sucedidos en territorio boliviano y reclamó a las autoridades interinas y a las fuerzas de seguridad que «garanticen el libre ejercicio de la actividad periodística y el derecho a la información por parte del pueblo».
Las agresiones no se han producido solo contra la prensa, sino contra todos aquellos que lleguen a Bolivia para conocer y difundir la verdad sobre la crisis ocasionada por el golpe de Estado.
El presidente legítimo de Bolivia, Evo Morales, denunció el jueves que una delegación de activistas argentinos que busca realizar trabajos sobre violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano fue víctima de hostigamientos por parte de golpistas.
En un mensaje publicado en la red social Twitter, Morales afirmó que “14 integrantes de la delegación argentina fueron retenidos por grupos de choque golpistas en el aeropuerto Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz y sometidos a interrogatorio por la Policía”.
“Exigimos qu les dejen llegar a La Paz para realizar trabajo de investigación sobre derechos humanos. (La) Dictadura fascista evidencia su autoritarismo”, afirmó.
Al respecto, el ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo, acusó a este grupo de promover la sedición en Bolivia.
«Recomendamos a los extranjeros que están llegando al país que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo«, amenazó.
RT y Telesur sin señal
Para coartar la libertad de expresión y limitar el flujo de información, el régimen de Jeanine Áñez anunció que señal del canal Rusia Today (RT) quedaría suspendida en Bolivia.
La Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) informó, a través de un correo electrónico, la decisión de retirar la señal del canal ruso de las pantallas de los ciudadanos bolivianos a partir del próximo lunes 2 de diciembre.
La medida se produjo luego de que el corresponsal de RT, Francisco Guaita, fuera increpado y amenazado por grupos de choque durante una transmisión en vivo en plena calle, acusándolo de mentir sobre que se había producido un golpe de Estado.
Al respecto, la vocera de la Cancillería rusa, María Zajarova, condenó que la decisión tomada por el operador es “alarmante” y afirmó que el Kremlin está preocupado “por el deterioro de la situación de los medios rusos” en la región, luego de que el pasado 15 de noviembre ocurriera lo mismo en Ecuador.
La vocera rusa se mostró escéptica ante la hipótesis de que se trata de una “coincidencia” y subrayó que en ambos casos la señal de RT fue retirada sin explicación de los motivos ni notificación previa.
Advirtió que si se tratara de algún tipo de represalia política, Rusia se verá “obligada a considerar acciones como el desplazamiento de Bolivia y Ecuador de la observación de las obligaciones internacionales para garantizar el libre acceso a la información y la libertad de expresión”.
Telesur también fue víctima de la censura del Gobierno de facto. La directora del medio, Patricia Villegas, denunció el pasado jueves 22 de noviembre la salida del aire del canal por la empresa de telecomunicaciones boliviana Entel S.A., lo que consideró como un nuevo acto de censura, hecho reiterado luego del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales.
«Tras tres días de recibir justificaciones de problemas técnicos y ante nuestra insistencia, Entel Bolivia argumenta reorganización de su oferta de canales, para rescindir nuestro contrato», expresó Villegas en su cuenta en Twitter.
Para la directora de Telesur, se trató de un acto de censura. «Antes dijeron tenían problemas técnicos. Es evidente, la censura no acepta eufemismos. Seguiremos informando, ratificamos nuestro compromiso», señaló.
Voces contra la censura
Mientras ocurren estos episodios, Evo Morales ha condenado desde México la censura impuesta por la dictadura de Áñez a los medios y consideró que no hay libertad de expresión en el país andino.
Estas declaraciones tomaron más calor cuando la «autoproclamada» anunció que presentaría un reclamo diplomático a México para exigirle a Morales que cumpliera con los protocolos de asilo y se abstuviera de emitir declaraciones.
Esto provocó que la administración de Andrés Manuel López Obrador dejara en claro que las declaraciones y mensajes que ha ofrecido Morales desde México no violan los protocolos de asilo y refugio político .
La voz de Morales no es la única que ha condenado la censura aplicada en Bolivia.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP-Diarios), que representa a los principales medios impresos y la Agencia de Noticias Fides (ANF), recordó que desde hace 49 años defiende la vigencia de la Ley de Imprenta, de las normas constitucionales y las convenciones internacionales que protegen el trabajo periodístico».
«Si existiera una falta al margen de estas normas, será importante que la ministra de Comunicación (Roxana Lizárraga) señale casos específicos evitando apreciaciones genéricas que pueden ocasionar malestar en el conjunto de los periodistas y medios de comunicación que cumplen con un trabajo profesional e informativo».
La Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz también se pronunció y exigió respeto a la libertad de prensa.
«Demandamos que desde el Ministerio de Comunicación se respete el principio de libertad de prensa y que no se utilicen mecanismos de poder para asfixiar a los medios o para censurar las voces críticas», dijo en un comunicado.
Además, pidió garantías en el ejercicio del trabajo y que se impulsen políticas para facilitar el acceso a la información. «
«Demandamos respeto en el cumplimiento de nuestras funciones, evitar agresiones verbales y físicas en contra de nuestros colegas«, señaló el gremio.
Ante la falta de información veraz por parte de los medios, los bolivianos reclaman saber la verdad detrás de los acontecimientos, mientras que instituciones como la Organización de los Estados Americanos (OEA) se hace la vista gorda y es cómplice del golpismo y la censura.
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