Pobladores de municipios del Pacífico de Colombia se mantienen en alerta ante el posible retorno de las aspersiones de glifosato en el país, medida que pretende erradicar los cultivos ilícitos de coca.
La acción inquieta a los campesinos de la zona, que vivieron ya esa experiencia en los años noventa del pasado siglo, con consecuencias negativas, reseñó el portal de noticias DW..
“Hacia mediados del año 2015, el Consejo Nacional de Estupefacientes, la instancia que maneja la política pública antidrogas, ordenó la suspensión del uso del glifosato en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato», recordó a DW Rodrigo Suárez, Director General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
«El glifosato es un herbicida no selectivo de contacto que mata a las plantas sobre las cuales dicho herbicida se aplica. Se quiere volver a hacer de manera masiva, con aviones Air Tractor 802, acompañados de una flotilla de helicópteros y en medio de dispositivos bélicos para su protección aérea y terrestre en las zonas en las cuales se asperja», dijo Pedro Arenas, cofundador de Corporación Viso Mutop, un centro de estudios que acompaña comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y que promueve reformas en la política de drogas.
«En el 2001, el entonces Ministerio del Medio Ambiente impuso un Plan de Manejo Ambiental como instrumento de control ambiental», explicó Suárez. Esta herramienta «establecía que los aviones debían fumigar a no más de 10 metros de altura y de manera focalizada», detalló Arenas criticando que «esto no se cumplió».
El cofundador de Corporación Viso Mutop explicó que además de perjudicar los bosques circundantes al área de coca que se pretendía eliminar, se dañaban «estanques piscícolas, fuentes de agua, cultivos de alimentos, pastos para ganado y animales de corral, entre otros bienes».
Según el experto, que lleva más de 20 años analizando los programas de aspersiones con glifosato y sus impactos en los derechos humanos de las familias cultivadoras de coca, amapola y marihuana, el problema radica en que «la Policía fumiga pero el resto del Estado no llega y por ello los cultivos se trasladan de lugar, duplicándose el fenómeno de la deforestación».
Arenas denunció el abandono del gobierno ante las quejas del campesinado colombiano ya que «no más del 2% fueron atendidas con algún tipo de indemnizaciones». Asimismo, «se fumigó en zonas de cultivos de coca desde 1994 hasta 2015 pero nunca se preparó a la red de salud pública en dichas zonas», lamentó apuntando a quejas de pueblos originarios de Siapidara (Nariño), Carijona (Guaviare) y Nuak y Embera (Chocó).
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