El Ministerio de Justicia de Bolivia presentó este lunes 15 de marzo otros cuatro pedidos de juicio contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez, que no tienen que ver con la causa por el golpe de Estado sino con medidas adoptadas durante su gestión de Gobierno, se informó oficialmente.
En una rueda de prensa, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, confirmó que la cartera planteó ante la Fiscalía General del Estado cuatro proposiciones acusatorias de juicio de responsabilidades en contra de Áñez, detenida el domingo y trasladada a la cárcel de Obrajes de La Paz.
Las acusaciones tienen que ver con el préstamo presuntamente irregular de más de 327 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Bolivia; la prórroga «ilegal» por 15 años de concesión de Fundaempresa, una entidad comercial contratada por el Estado; la «vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile» y las restricciones decretadas durante la pandemia.
En cuanto al acuerdo con el FMI, Siles afirmó que le ha causado al país «un daño económico de más de 30 millones de dólares«, reseñó la cadena RT.
«Esta acción ha ido contra la Constitución, porque solamente la Asamblea Legislativa puede autorizar la contratación de un empréstito por parte del Estado, y no así el órgano Ejecutivo. Se han dado una serie de maniobras para tratar de disfrazar este hecho, pero la realidad es que ese préstamo se otorgó y se aceptó de manera insconstitucional», dijo el funcionario al presentar las acciones penales.
En lo que respecta a la gestión de la pandemia, especificó que durante la gestión de Áñez se utilizó la figura del delito contra la salud pública para perseguir a los bolivianos, muchos de los cuales fueron encarcelados por «tener un meme en su WhatsApp» o hacer críticas al Gobierno.
«Terrorismo y sedición»
A esto se suman, aunque por otra vía judicial, los delitos de «terrorismo, sedición y conspiración» en el marco del derrocamiento de Evo Morales, que pesan sobre la exmandataria y varios de sus funcionarios, algunos de los cuales ya fueron detenidos.
Este domingo, la jueza Regina Santa Cruz determinó que la implicada deberá pasar los próximos cuatro meses privada de su libertad de forma preventiva, mientras avanza la investigación.
En tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima Magne, adelantó que en las próximas semanas su cartera presentará una nueva demanda por las masacres de Senkata y Sacaba, donde se produjeron manifestaciones contra el golpe de Estado y la represión ordenada por Áñez, que dejó un saldo de 22 personas fallecidas.
Por ese caso, el Ministerio de Justicia pedirá una condena de 30 años de prisión, indicó el funcionario.
Fuente: RT.
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