La presión de varios sectores de Brasil obligó al presidente Jair Bolsonaro a dar un pequeño paso atrás y modificar, solo en una de sus consideraciones, el polémico decreto que flexibiliza el porte de armas.
La norma la firmó el mandatario el pasado 8 de mayo y amplía el derecho a portar armas, incluyendo los fusiles, a políticos que ejerzan un cargo público, camioneros, periodistas que cubran asuntos policiales, cazadores, dueños y socios de clubes de tiro, abogados, agentes de tránsito y residentes en zonas rurales, entre otros.
Por esta razón encendió las alarmas de los gobernadores de 14 de los 27 estados de la nación sudamericana y de la organización Amnistía Internacional, quienes exigieron que se revocara de inmediato.
En este escenario, Bolsonaro reaccionó con un ligero ademán para «calmar» las aguas y este miércoles 22 de mayo excluyó los fusiles de la lista de armas que se podrán portar en las calles, reseñó EFE.
En un comunicado, el Gobierno brasileño explicó que ahora solo los propietarios rurales podrán adquirir ese tipo de armas largas y mantenerlas en sus casas.
Asimismo, agregaron que el cambio en el decreto se da «a partir de los cuestionamientos realizados ante la Justicia, en el ámbito del Poder Legislativo y por la sociedad en general».
«Hubo críticas de que tal vez hubiesen algunos excesos en el decreto, el Gobierno fue sensible a esas críticas. Normalmente, el uso de esas armas de mayor potencial lesivo está restringido a las fuerzas de seguridad«, afirmó este miércoles el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, en una entrevista en la radio local Bandeirantes.
Por su parte, la directora de Amnistía Internacional (AI) para América, Érika Guevara Rosas, advirtió que facilitar la posesión de armas en un país con altos índices de violencia es «una grave violación de los derechos humanos».
Y señaló que la retórica discriminatoria empleada por Bolsonaro fomenta «crímenes de odio» y «da una orden de ataque» que se refuerza con esta norma.
El decreto del 8 de mayo se suma al que firmó el jefe de Estado el pasado 15 de enero para flexibilizar las normas para la tenencia de armas, eliminando para todos los ciudadanos la obligatoriedad de demostrar la necesidad de contar con una, refirió Telesur.