El ombudsman de El Salvador, Apolonio Tobar, desmintió este jueves al presidente Nayib Bukele, quien lo acusó de proteger a delincuentes porque le cuestionó la orden de decretar un estado de emergencia en las cárceles de este país, reportaron medios locales.
«Este procurador no está protegiendo delincuentes, está protegiendo la legalidad y el orden constitucional: todos nos debemos a la legalidad y a hacer las cosas conforme la ley nos lo permite», aclaró Tobar en entrevista con la radioemisora YSKL.
Bukele arremetió contra el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos cuando este le señaló que su orden a la Dirección General de Centros Penales debía realizarse con respeto de los artículos 23 y 24 de la Ley Penitenciaria.
El artículo 23 estipula que, en situaciones de fuerza mayor, como actos de indisciplina, desestabilización o amotinamientos, el director del penal podrá solicitar la declaración del estado de emergencia; y el 24 establece el procedimiento para tal declaratoria.
«Aprobaron la Ley de Amnistía: no apareció. Matan a un soldado en Morazán: no apareció. Matan otro soldado en Atiquizaya: no apareció. Se endurecen las medidas en los penales: aquí lo tienen, el procurador inconstitucional, el abogado del frente, el defensor de criminales», cuestionó Bukele en Twitter.
Tobar negó que su pronunciamiento se opusiera al estado de emergencia, sino que llamaba a respetar el marco legal.
El ombudsman explicó que el procedimiento para declarar el estado de emergencia en las cárceles parte del director de la prisión, que lo informa al titular nacional de Centros Penales para que la evalúe, y al final un juez de vigilancia penitenciaria la sanciona, modifica o revoca.
«Vimos que la declaratoria vino a través de una orden del señor presidente, la forma no se ha respetado», enfatizó Tobar, quien se sumó a las críticas recibidas por una medida que ya Bukele implementó entre finales de junio y mediados de julio pasado.
A su vez, el director de Human Rights Watch-América, José Miguel Vivanco, calificó de «abusiva» la medida, que castiga a «todos los presos del país, por el delito que pueden haber cometido algunas personas en particular».
El abogado español Arnau Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, precisó que son los directores de centros penales quienes tienen la facultad de declarar la emergencia, y nunca por más de 15 días.
«Curiosamente, la orden que dio el presidente no cumple con ninguno de los requisitos legales, empezando porque él no está autorizado por la Ley Penitenciaria para dar esta orden; se decreta por un plazo indeterminado; y en ningún caso se ha hecho un análisis individual de cada uno de los sectores o centros penales para justificar que la situación amerita una medida tan gravosa como es el encierro total», agregó Baulenas.
El Salvador tiene un sistema penitenciario con una elevada tasa de hacinamiento, y sus cárceles fueron el primer blanco del Control Territorial, el plan de seguridad de Bukele, que bloqueó las comunicaciones y acabó con la política de separar a las pandillas por prisión.
Fuente: Sputnik
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