¿Qué cambia en El Salvador con la declaración de inconstitucionalidad de la polémica Ley de Amnistía?

Las heridas nunca cicatrizadas de la cruenta guerra civil en El Salvador seacaban de abrir un poco más, pero ello también significa que podría hacerse justicia en una treintena de casos que marcaron al país.

La Corte Suprema de Justicia declaró el miércoles inconstitucional la controvertida Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, en vigor desde 1993, un año después del fin del conflicto.

Los 12 años de guerra dejaron 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y una estela de casos sin juzgar.

La ley prohibía investigar crímenes y violaciones a los derechos del Ejército y de la exguerrilla izquierdista que, convertida en el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), gobierna desde 2009.

«La amnistía es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario», afirmó en un comunicado la Sala Constitucional de la Corte tras un estudio de más de tres años.

Los artículos 1 y 4 de la ley, determinó, son inconstitucionales «porque impiden las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones a dichos derechos».

«El país entero está a la expectativa de qué es lo que pueda pasar, va a tener consecuencias definitivamente», le dice a BBC Mundo, René Hernández Valiente, magistrado de la Corte entre 1994 y 2003.

«Esto va a sacudir a nuestra sociedad», apunta, «pero es una oportunidad para seguir construyendo la democracia que tanto anhelamos y el estado de Derecho».

Con esta medida se abre la puerta a juzgar a los autores materiales e intelectuales de crímenes notorios como el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas domésticas de la Universidad Centroamericana, el de monseñor Óscar Arnulfo Romero, y la masacre de El Mozote de 1981, donde los militares mataron a casi 1.000 campesinos.

También abarca casos de desapariciones forzadas y asesinatos a manos de los escuadrones de la muerte y crímenes atribuibles al FMLN como la ejecución sumaria de alcaldes, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y asesinatos de jueces.

La Ley de Amnistía fue aprobada tras la firma de los Acuerdos de Paz, en los que no se hizo una alusión expresa a la amnistía, y poco después de la publicación de un informe de la Comisión de la Verdad de la ONU que responsabilizó a la jerarquía militar de crímenes de guerra, entre ellos el asesinato de los sacerdotes jesuitas.

De hecho, la norma benefició a los presuntos implicados en el crimen de los jesuitas pues amparándose en ella la Corte rechazó la extradición a España de 13 militares retirados en 2012.

La Comisión de la Verdad registró más de 22.000 denuncias de graves hechos de violencia -aunque aclaró que no eran la totalidad de los incidentes-, de las cuales más del 60% correspondían a ejecuciones extrajudiciales, más del 25% a desapariciones forzadas y más del 20% incluían denuncias de tortura.

Y atribuyó en su informe, «De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador», casi el 85% de las denuncias a los agentes del Estado, paramilitares y escuadrones de la muerte y el 5% al FMLN.

Funcionarios del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, excomandante del FMLN, podrían tener responsabilidad por algunos crímenes cometidos por la guerrilla.

«Ha habido señalamientos en contra de funcionarios del actual gobierno (…) definitivamente se van a ver afectados. Van a haber procesos en que puede haber reclamos y pudiera haber responsabilidad penal», considera Hernández Valiente.

Los magistrados afirmaron que aquellos delitos contenidos en la investigación de la Comisión de la Verdad no han prescrito por considerarse crímenes de lesa humanidad o graves como homicidios, secuestros y torturas.

Pero la sentencia también posibilita a los jueces a investigar y juzgar casos de la guerra civil aunque no estén en el informe siempre y cuando se traten de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

La Corte aseguró que en cuanto a los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto no se trató de comportamientos «individuales y aislados» sino que fueron el «resultado de lineamientos y órdenes emanadas de un aparato organizado de poder».

Los responsables directos de estos crímenes, señalaron los magistrados, generalmente lo hicieron bajo las órdenes de superiores a cargo de las organizaciones militares, paramilitares y guerrilleras y ambas partes tienen una responsabilidad penal por ello.

«Todavía no hay una certeza de que podamos conocer los efectos prácticos porque estos empezarán a darse en el tiempo», opina el exmagistrado de la Corte, aunque «en la práctica es difícil poder predecir en este momento pero sí suponemos que los reclamos de las familias de las víctimas van a surgir».

«País de cabeza»

«Es un error declarar inconstitucional la ley de amnistía, espero que esto no se convierta en una cacería de brujas», señaló tras el fallo el ministro de Defensa, el general David Munguía Payés.

«No quiero pensar que la derogatoria de la ley podría poner al país de cabeza», agregó.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, la excomandante guerrillera Lorena Peña, señaló: «No podemos hablar a la ligera de un tema grave. Hay miles de personas que participaron en la guerra».

«Desde la Fiscalía vamos a hacer lo que tengamos que hacer y lo que nos corresponda constitucionalmente», apuntó el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez.

«Vamos a hacer lo que tengamos que hacer y a cumplir con nuestras obligaciones constitucionales», añadió.

Organizaciones de derechos humanos eran críticos de la amnistía pero otros en el país la apoyaban por considerar que fue necesario en su momento.

«Hoy es un día histórico para los derechos humanos en El Salvador (…) el país está finalmente enfrentando su trágico pasado», señaló Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.