El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, autorizó este 2 de diciembre abrir un juicio político con fines de destitución a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tras considerar como “procedente” una acusación por supuestas irregularidades fiscales ocurridas en 2015.
Entre los objetivos primordiales de la oposición de acuerdo a diversos analistas, entre ellos Beto Almeida, se encuentra:
– Detener la democratización mediática
– Involucrar en diferentes crímenes al Partido de los Trabajadores (PT)
– Desacreditar a Lula da Silva para contrarrestar su popularidad, y así frenar su posible candidatura a las presidenciales de 2018
– A largo plazo: retornar a las políticas neoliberales de los Gobiernos de derecha y privatizar las empresas estatales como Petrobras
– Retirar a Brasil de la Unasur y la Celac para socavar la integración latinoamericana
Recientemente, el senador José Serra del partido opositor Social Democracia Brasileña (PSDB) consideró que se debería dividir el conglomerado de Petrobras en diferentes empresas y luego vender una parte de ellas.
Desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, la oposición brasileña pretende vincular a la presidenta Dilma Rousseff y a los miembros de su fuerza política Partido de los Trabajadores (PT) en este caso para solicitar su destitución.
Esta misma táctica fue utilizada en las elecciones presidenciales de 2014 por el principal bastión de la oposición el PSDB, liderado por Aécio Neves, quien era el contrincante de Rousseff y, a pesar de ello, ella triunfó para iniciar su segundo período como sucesora de Lula da Silva, ratificando su compromiso con la educación y la alfabetización.
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