A través de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Comité Internacional de la Cruz Roja, se impartió el Curso de Instructores y Multiplicadores en Derechos Humanos y Principios Humanitarios a la Policía Federal con el fin de sensibilizar a sus elementos en cuestión de Derechos Humanos.
Durante 17 días, se instruyó a 68 elementos policiales respecto a las consecuencias al momento de ejercer su trabajo, como el excesivo uso de la fuerza durante un arresto, el uso de armas de fuego, entre otros, además de las obligaciones al proteger a personas y grupos vulnerables basándose en las normativas del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos.
La Policía Federal es una de las instituciones que más quejas recibe por la violación sistemática de los derechos humanos. Algunas de las acusaciones que se le atribuyen son el enfrentamiento en Apatzingán, Michoacán el pasado 6 de enero luego de que la Policía Federal dispersara un grupo de autodefensas que se manifestaban en el palacio municipal de este municipio. El saldo fue de 16 personas muertas y decenas de heridos.
Del mismo modo, 4 meses después, el 22 de mayo, elementos de la Policía Federal se enfrentaron en Tanahuato, Michoacán con supuestos criminales. El saldo fue de 42 presuntos delincuentes y un Policía muertos.
En ambos casos se atribuyen varias ejecuciones extrajudiciales y tortura. La organización Human Rights Watch, reportó entonces que había evidencia suficiente para creer que elementos de la Policía Federal fueron responsables de tales ejecuciones y no del fuego cruzado, como lo llego a afirmar el entonces Comisionado de Seguridad Alfredo Castillo.
Del mismo modo, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, reportó el año pasado que la Policía Federal es la institución implicada en el mayor número de violación de derechos humanos a los migrantes que cruzan el territorio nacional hacia Estados Unidos, siendo los policías acusados de abuso y extorsión.
Evidentemente este historial de repetidas violaciones a los derechos humanos provoca un clima de desconfianza entre las autoridades y la población mexicana, que en muchos casos no denuncian por temor a represalias.
Por: Salvador Valencia
El Ciudadano