Filtraciones del capítulo Vaza Jato dejaron en evidencia las intenciones de los fiscales que supuestamente luchaban contra la corrupción
El último capítulo de Vaza Jato, la serie de filtraciones a la prensa de mensajería relacionada con la operación Lava Jato, saca a la luz nuevamente los cuestionamientos sobre la buena fe de los fiscales a cargo.
Resulta que, desde 2015, las autoridades al frente de Lava Jato, encabezadas por el fiscal jefe Deltan Dallagnol, negociaron con homólogos norteamericanos la restitución al país de parte de una multa aplicada en EE. UU. a Petrobras.
La sanción fue impuesta en cumplimiento de la ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la cual permite a las autoridades de ese país sancionar a empresas extranjeras por prácticas corruptas.
Pero la restitución de parte de la multa a Brasil y concretamente a la operación Lava Jato, no fue un acto de buena fe. Fue el resultado de negociaciones entre las autoridades estadounidenses y los jefes de Lava Jato, a fin de que estos últimos colaboraran con sus pares en la investigación a Petrobras.
En este sentido, resulta una violación de la Ley brasileña que prohíbe las investigaciones judiciales de autoridades extranjeras en el país, a no ser que cuente con autorización de las instancias facultadas, lo cual en el caso en cuestión no se cumplió y, más peligroso aún, se ocultó.
Las mencionadas maniobras llevaron el objetivo expreso de centralizar las negociaciones del retorno de parte de la multa a Lava Jato. Así lo dejó varias veces dicho Dallagnol en los mensajes filtrados a la prensa.
«¿Crees que fue el caso llamar al DRCI (Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional) para la primera parte de la reunión, sobre cuestiones de política, considerando que puede involucrar el tema del intercambio de activos y cómo lograrlo?», escribió Dallagnol el 6 de enero de 2016, dirigiéndose a Vladimir Aras.
«Creo que es mejor no llamar al DRCI ahora, para que no perdamos posiciones de negociación”, respondió Aras, quien en ese momento fungía como fiscal a cargo de las relaciones internacionales del Ministerio Público.
El DRCI es una de las instituciones que tramita permisos para investigaciones extranjeras en Brasil.
El dinero que retornaría a la nación sudamericana, luego de estudiar algunas variantes, sería destinado a crear un instituto anticorrupción, donde se prepararía capital humano para esta actividad.
¿Y quiénes se encargarían de impartir las conferencias en el instituto? Los fiscales de Lava Jato, cobrando sus «supuestas» comisiones.
La multa impuesta a Petrobras finalmente ascendió a 853 millones de dólares. El 80 por ciento de esa suma, equivalente a 1,25 mil millones de reales, retornó a Brasil.
No obstante, los fiscales de Lava Jato no llegaron a materializar sus intenciones. Al hacerse públicas, fueron abortadas por el Supremo Tribunal Federal. El magistrado Gilmar Mendes expresó que los fiscales que supuestamente estaban luchando contra la corrupción estaban «participando en una fiebre del oro».
Fuente: Telesur.
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