La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) revisará el estatus jurídico actual de concesiones, permisos y autorizaciones de impacto ambiental, a fin de regularizar la actividad hotelera en la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) en el municipio de Tulum y la Bahía de Akumal, estado de Quintana Roo.
En visita de prospección por en la Bahía de Akumal, el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, constató diversas clases de afectaciones en las áreas naturales de anidación de tortugas marinas, así como bloqueos de entes privados al libre tránsito de acceso a playas en dicha zona.
Ante ello, en el marco del arranque del Operativo Nacional Playa en Regla Semana Santa 2016, Haro Bélchez anunció la creación de una Subdelegación Federal de la Profepa en esta localidad, con el objetivo de llevar a cabo la vigilancia e inspecciones, con el objetivo de brindar una atención puntual a los temas ambientales en la región.
Tras dar el banderazo de inicio del citado operativo que se aplica en los 17 estados costeros del país en esta temporada vacacional, señaló que “en un plazo no mayor a un mes, se tenga operativos y presencia permanente para conocer en esta enorme franja, la situación de las autorizaciones, permisos y concesiones que en materia de impacto ambiental o de ZOFEMAT tenemos en todo Tulum, así como en la Bahía de Akumal”.
Comentó que la Profepa debe conocer, inspeccionar, sancionar, regularizar, en suma, “poner en orden en todo Tulum y, en específico, en la Bahía. Y dotar de todos los instrumentos de recursos humanos, es pertinente anunciar la creación de una Subdelegación de la PROFEPA, que de tiempo completo resuelva las problemáticas en la zona”.
Por ello, el Procurador Federal de Protección al Ambiente dijo que en este año se tenga absolutamente regularizado el uso de las playas, de la ZOFEMAT y abundar en el compromiso, conforme al decreto del refugio natural de las tortugas, que sin excepción las playas son propiedad de los mexicanos y no de la privatización de la mismas en todo Cancún.
Vía: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
El Ciudadano