Santos y su Gobierno vulneran derechos de los niños en La Guajira

“La Sala Séptima de Revisión, luego de un amplio trabajo probatorio, estableció que ‘existe un incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno nacional en el departamento de La Guajira (al noreste)'», indicó la Corte Constitucional de Colombia en una declaración difundida a través de redes sociales.

Según la declaración de la Corte, «a los niños de La Guajira no se les respetan sus derechos como colombianos, amparados bajo la Constitución», y además se presenta un «incumplimiento por parte de las autoridades indígenas, local, departamental y gubernamental, para aliviar la crisis en materia de salud, alimentación y agua».

A los niños de La Guajira no se les respetan sus derechos como colombianos. Foto Web

Asimismo, el texto dice que no existe «un documento que recoja de forma sistemática todos los compromisos institucionales para garantizar los derechos de los niños wayuu», razón por la que también decidió confirmar los fallos emitidos por el Tribunal de La Guajira y por la Corte Suprema de Justicia, que ampararon los derechos de los menores.

Indígenas sin agua potable

La Corte también respaldó al Tribunal Superior del municipio de Riohacha, en La Guajira, que ordenó a las entidades estatales tomar medidas urgentes para abastecer de agua potable a las comunidades de la región.

Con respecto al uso del liquido vital, el tribunal advirtió que  «no es suficiente que las comunidades tengan a su disposición pozos o jagüeyes, si el agua que se obtiene de ellos no es apta para el consumo humano».

El agua para los indígenas no es apta para el consumo humano. Foto Web

Además, la misiva  denunció que pese a una orden emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Gobierno alivie la situación, éste sigue sin cumplir con lo ordenado y ha permitido que se agudice la situación.

La alimentación indígena no está en la agenda

El tema de la alimentación también se aborda. «La situación de hambre de los niños del pueblo wayuu tiene distintas causas, algunas naturales, otras atribuibles al Estado, otras a las propias comunidades indígenas».

La Corte solicitó al Gobierno central, así como a los departamentales y locales, garantizar el acceso al agua potable de las comunidades indígenas de La Guajira, y optimizar los servicios de salud, además de una adecuada asistencia del servicio de alimentación, según las costumbres de esa población indígena.

Desnutrición en La Guajira

Recientemente, la Defensoría del Pueblo colombiana denunció que 16 niños de La Guajira han perdido la vida en lo que va de este año a causa de la desnutrición y que, en su mayoría, pertenecen a la tribu indígena wayúu que habita la región.

«Según el Boletín del Instituto Nacional de Salud (INS), en lo corrido del presente año (hasta el 24 de marzo) se han reportado 16 muertes con diagnóstico de desnutrición y otras causas asociadas», denunció el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

Exclusión o exterminio estadístico

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció el riesgo de que las etnias del país sufran un «exterminio estadístico» por parte del estatal Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que adelanta un censo poblacional para determinar el número de habitantes en Colombia.

«El DANE invisibiliza, discrimina y desconoce el ámbito social, cultural, espiritual y organizativo de los pueblos indígenas de Colombia, asociados en la ONIC, actuando de mala fe y desconoce la realidad de los territorios indígenas ancestrales», señaló la agrupación en un comunicado.

El DANE invisibiliza, discrimina y desconoce el ámbito social, cultural, espiritual y organizativo de los indígenas de Colombia.

De acuerdo con la ONIC, que agrupa el 80% de la población indígena en Colombia, el DANE incumplió los acuerdos de la consulta previa y concertación para desarrollar el censo nacional de población y vivienda 2018 en los territorios indígenas.

Colombia y su doble moral

El gobierno de Juan Manuel Santos ha mostrado su total desacuerdo con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. En una de sus recientes alocuciones sostuvo que “(La OEA) hace un llamado para que allá (en Venezuela) se restablezca la democracia y el pueblo venezolano pueda dejar de sufrir. Porque lo que está infortunadamente sucediendo es eso, el pueblo venezolano está sufriendo”, luego de una reunión con el presidente guatemalteco, Jimmy Morales.

En este sentido, es evidente la doble moral del Gobierno colombiano al juzgar a su vecino por el «sufrimiento de su pueblo», acusando a otro, Venezuela, que respeta los derechos constitucionales de todos sus ciudadanos, incluyendo las etnias indígenas.

Aquí vemos la doble moral de Colombia: criticar a un vecino por aplicar políticas de izquierda que han beneficiado a su pueblo. Incluso, estudios periodísticos han revelado que la guerra económica en Venezuela también afecta a los colombianos y, sobre todo, a sus indígenas, quienes generalmente consiguen comida es en el país hermano, para llevarla al territorio de Santos, ya que en su propia tierra la alimentación no está garantizada.