La crisis económica en Ecuador se intensifica con el pasar de los días y con las medidas neoliberales aplicadas por el régimen de derecha que encabeza Lenín Moreno.
Desde que asumió el poder, Moreno ha ejecutado una serie de «paquetazos económicos» en el país suramericano que además motivar el enérgico repudio de la gran mayoría de la población, han provocado un fuerte decrecimiento económico que ubica a Ecuador -según estimaciones del propio Fondo Monetario Internacional (FMI)- como la segunda economía con el riesgo más elevado de la región.
Además, estos paquetazos han originado despidos masivos y cierre de medios de comunicación que son rechazados por la gran mayoría de los ecuatorianos, pero silenciados por los grandes medios nacionales y extranjeros que están alineados a los intereses de Estados Unidos.
La más reciente medida de Moreno fue el llamado «gasolinazo» o «Paquetazo de la Navidad» que impactó negativamente en las personas que utilizan vehículos particulares como medio de transporte para ir a sus trabajos y realizar sus actividades diarias.
Ante esta situación que agrava la economía del país y aumenta su crisis financiera, los trabajadores del sector público de Ecuador se han mostrado preocupados por un nuevo decreto ejecutivo que marca la reducción de al menos 10% de la nómina del talento humano en todas las instituciones estatales, lo que ocasionará el despido masivo de empleados públicos, unas 15.000 personas según los gremios de trabajadores.
Por tal razón, organizaciones sociales en Ecuador convocaron a realizar un paro nacional que comenzaría es miércoles 13 de febrero en rechazo al «paquetazo económico» Moreno; mientras su régimen asegura que las «medidas» económicas son «parte del plan de optimización con base a la planificación de talento humano 2019 que busca generar un ahorro económico al Estado en el marco de las políticas de austeridad anunciadas».
Pero lo que no dicecon claridad el gobierno de Moreno a los ecuatorianos son las recientes negociaciones que sostiene su gabinete de economía con las altas esferas del Banco Mundial (BM) y del FMI, que desde enero pasado han realizado varias reuniones privadas para endeudar más a Ecuador con un paquete económico que le recetarán estos organismos neoliberales.
Durante la gestión de Moreno Ecuador ha ampliado su deuda a 8.800 millones de dólares. La situación de los ecuatorianos es muy parecida a la de Argentina para el 24 de enero de 2018, cuando Christine Lagarde, directora gerente del FMI, se reunió con autoridades argentinas, y finalmente el organismo terminó por prestar 51.300 millones de dólares a ese país, sólo ese año.
Por tal razón, la perspectiva económica de Ecuador y el gobierno de Moreno no es confiable y se perfila a seguir los nefastos pasos de Mauricio Macri en Argentina, que llevó al país albiceleste a tener -en la actualidad- una deuda superior a los 130.000 millones de dólares y a depender del dictamen arbitrario del FMI en sus políticas económicas, mismas que han llevado a la población argentina a una grave crisis económica, con decaimiento en su calidad de vida, pérdida del poder adquisitivo, una inflación continuada, depreciación de su moneda frente al dólar, despidos masivos, cierre de empresas y una subida en los precios de productos de primera necesidad y servicios básicos fundamentales.
El Ecuador de Moreno va de paquetazo en paquetazo
El pasado 26 de diciembre los ecuatorianos comenzaron a vivir el nuevo impacto en el precio de la gasolina -mejor conocido como “gasolinazo”- anunciado por el gobierno neoliberal de Lenín Moreno.
Este incremento en los precios del galón de las gasolinas extra y Ecopaís se incrementó de 1,48 a 1,85 dólares y forma parte de una de las tantísimas medidas económicas del régimen de Moreno que integra recortes sociales, despidos a empleados públicos y la condonación a impuestos y multas a grandes empresarios y bancos del país.
Esta decisión busca eliminar los subsidios al combustible para la ciudadanía, creados por Revolución Ciudadana durante el periodo de gobierno de Rafael Correa, como parte de sus programas de atención social.
El gasolinazo de Moreno conocido también como el paquetazo de la Navidad ha sido repudiado por la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, que durante su gobierno ha visto como han venido mermando la inversión y protección social del Estado hacia los ciudadanos, algo que fue reivindicado por el gobierno de Correa.
El propio Moreno dijo que decidieron aumentar el precio de los combustibles “para estabilizar la economía del país”, principalmente por la reducción de los ingresos en la caja fiscal durante el 2018.
Y es que el aumento de la gasolina, misma que ha venido incrementando el gobierno de Moreno desde que asumió la silla presidencial en el Palacio de Carondelet, es parte de ese paquetazo que también ataca la libertad de prensa con el cierre de medios de comunicación del Estado, el despido de trabajadores públicos, la tercerización de contratos, cierre de empresas públicas, embajadas y consulados, así como ministerios e instituciones creadas para favorecer la atención social de la población.
Eso sin nombrar la persecución judicial y política contra líderes de izquierda que ayudaron a Moreno a llegar a la Presidencia gracias a su apoyo, un ejemplo claro de eso son el expresidente Rafael Correa y el vicepresidente Jorge Glas, uno de los que más ha sufrido como perseguido político del régimen de Moreno.
El FMI y el BM no son los únicos interesados en meter la mano en Ecuador
El diario de derecha ecuatoriano El Telégrafo informó este miércoles -13 de febrero- que ya las negociaciones entre el gobierno de Moreno y una delegación de funcionarios del FMI trabajan en Quito, desde el pasado lunes 11, las formas para llegar a una negociación.
De acuerdo al referido diario la misión del FMI es liderada por Anna Ivanova, representante del FMI para el hemisferio occidental, y tiene como objetivo sostener «varias reuniones de trabajo con diferentes autoridades en esta semana», que cuente -al finalizar- con «un pronunciamiento del Gobierno».
Las negociaciones con el FMI y el régimen de Moreno se ejecutan desde mediados de enero de 2019, al menos a vox populi.
Los otros organismos neoliberales interesados en dar financiamientos y «asistencia técnica» a la crisis económica ecuatoriana son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF e incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Axel van Trotsenburg, vicepresidente del BM comentó citado por El Telégrafo que a la institución le “complace acompañar” a la Presidencia ecuatoriana en la implementación del «Plan de Prosperidad», junto a otros organismos.
Además, dice el referido diario que, el Ministerio de Finanzas ecuatoriano -más allá de explicar a los ecuatorianos los detalles de esa negociación que podría agravar aún más su crisis- «resalta el apoyo de la comunidad internacional» ante el «posible acuerdo financiero» que respaldaría el FMI, según dijo Gerry Rice, vocero principal del FMI, en un comunicado oficial difundido la tarde del 12 de febrero.
“El posible acuerdo buscará proteger a los pobres y más vulnerables, impulsar la competitividad y la creación de empleo, mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción, así como fortalecer las bases institucionales de la dolarización”, dijo Rice.
Por su parte, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia -citada por El Telégrafop- informó que “el potencial financiamiento de estas entidades es de costo bajo y de largo plazo, lo cual permitirá que el país ahorre recursos por el pago de los altos intereses que ha debido asumir en los últimos años”.
Hasta el momento la negociación y la cantidad de recursos que podrían otorgar estos organismos es desconocida. Pero de acuerdo a cifras oficiales, para este 2019, Ecuador necesita un financiamiento público superior a los 8.148 millones de dólares, según el Presupuesto General del Estado.
Además, la deuda pública, al 31 de diciembre de 2018, se ubicó en 49.429 millones de dólares y sumado a eso, Ecuador tiene obligaciones 10.477 millones de dólares y pasivos contingentes por 4.964 millones de dólares; lo que equivaldría -al sumar estos últimos tres rubros- a una deuda de 64.870 millones de dólares.
«Ajustes fiscales agudos», lo que vendría para los ecuatorianos de concretarse el acuerdo con el FMI
De acuerdo a dos analistas entrevistados por El Telégrafo, de concretarse un financiamiento con el FMI, tal acuerdo implicará «ajustes fiscales agudos», particularmente en el gasto corriente, dijo el economista Luis Espinosa Goded, docente de la universidad San Francisco de Quito.
Agregó que además, el FMI obligará a Moreno a reducir aún más «el gasto público» como algo «obligatorio», agregó Goded, quien acotó que «una de las medidas urgentes» es bajar -aún más- el subsidio a los combustibles.
Goded también dijo que el gobierno deberá ser muy «rígido» en el cumplimiento de la receta del FMI, pues de lo contrario, «la situación económica no mejorará».
Por su parte, Santiago García, docente de la Universidad Central del Ecuador, también entrevistado por el referido diario ecuatoriano, a su país «no le queda más opción que acudir con el FMI, pues el elevado nivel de riesgo país complica las alternativas de financiamiento».
Agrega García que para evitar que un acuerdo con el FMI «origine un fuerte shock socioeconómico, las negociaciones no deben comprometer los programas sociales y, por otro lado, se requiere compromiso del sector privado para reactivar al aparato productivo».
De acuerdo a estimaciones del FMI, para el 11 de febrero, el indicador que mide la capacidad de pago de Ecuador se ubicaba en 706 puntos, es decir, la segunda economía con el riesgo más elevado de la región, sólo superada por Venezuela, país que actualmente sufre un bloqueo financiero y brutales sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y sus gobiernos aliados en Latinoamérica (entre ellos Ecuador) y Europa.
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