Sigue la represión: Gobierno de Facto Bolivia militariza las ciudades de Bolivia

El gobierno de facto de Bolivia militarizó el viernes  las principales ciudades del país, para enfrentar y reprimir  las manifestaciones convocadas para el Día del Estado Plurinacional que se celebrará el próximo 22 de enero.

La movilización militar se produjo después de que dirigentes de los sindicatos de cocaleros y otros sectores leales al mandatario legítimo Evo Morales anunciaran que realizarán marchas y  protestas contra el Gobierno golpista de la auto proclamada “presidenta interina” Jeanine Áñez.

Asimismo, está previsto una serie de concentraciones para escuchar el mensaje que dará desde Argentina el líder indígena.

«Simplemente es para dar tranquilidad (a la población) que estamos en las calles, y que nos tranquilicemos, bajemos las revoluciones de la histeria colectiva», dijo el ministro de Defensa, Fernando López, quien informó que el despliegue militar se prolongará como mínimo hasta el 24 de enero.

Además de los militares en las calles fuertemente armados, el gobierno de facto diariamente emite órdenes de detención contra aquellos que rechacen sus maniobras y reclamen el restablecimiento de  la democracia.

La medida coincide con el ingreso de alrededor de 300 militares al trópico de Cochabamba, con el fin de realizar un curso de salto en paracaídas, según informaron jefes de las Fuerzas Armadas.

Esta acción fue condenada por  las organizaciones cocaleras de la zona, que temen que se trate de una acción de amedrentamiento ante la proximidad del 22 de enero.

“Siento que es un acto de provocación, insulto e intimidación a la zona del trópico de Cochabamba (…) Llamamos a la serenidad a los hermanos de la zona del trópico. Denunciamos que el Gobierno anda intimidando en las calles”, afirmó el dirigente cocalero Leonardo Loza en conferencia de prensa.

Aseguró que las movilizaciones son parte de una jornada de lucha para defender la democracia: «buscaremos de manera pacífica, organizada y movilizada que el voto que emitimos hace cinco años se respete. Pedimos el cese del mandato el 22 de enero, tanto para diputados y senadores como para la presidenta interina Jeanine Áñez», declaró.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado de prensa en el que expresa su “preocupación por el despliegue, en las últimas horas, de las Fuerzas Armadas para ser parte de acciones conjuntas coordinadas por la Policía Boliviana, ante los antecedentes de sucesos como los de Sacaba y Senkata, cuando 35 bolivianos perdieron la vida, 21 de los cuales se produjo en un contexto de similares intervenciones policiales-militares conjuntas”.

Los antecedentes citados por la Defensoría eran las operaciones de represión militar-policial a manifestaciones contra el golpe de Estado de noviembre, en las cuales las fuerzas armadas participaron amparadas por un decreto de Áñez que las liberó de responsabilidades penales.

La Defensoría llamó al gobierno, a la comunidad política y a las organizaciones sociales a «garantizar la estabilidad democrática y pacífica (…) el respeto de los derechos civiles y políticos (…) priorizando el uso de mecanismos de prevención de la violencia como el diálogo y la concertación, y no así el uso de la fuerza estatal».

Ante ello, el presidente Evo Morales denunció que en Bolivia rige un “estado de sitio de facto”.

“Con la militarización de las ciudades más importantes de #Bolivia rige un estado de sitio de facto que ha suspendido derechos y garantías constitucionales del pueblo, una prueba más de la dictadura de Áñez que gobierna el país”, escribió en su cuenta en Twitter.

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