La Fiscalía de Perú abrió este martes una investigación preliminar a la presidenta del país, Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, a raíz de los al menos 46 fallecidos y decenas de heridos en las manifestaciones de las últimas semanas.
El Ministerio Público informó que la fiscal general, Patricia Benavides, inició una investigación contra Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; y el ministro de Defensa, Jorge Chávez. La fiscal también actúa contra contra “Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior”.
La investigación abierta es por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, indicó el Ministerio Público.
Boluarte ya tenía en curso una primera investigación preliminar por los fallecidos registrados en las manifestaciones de diciembre, pocos días después de haber jurado el cargo por sucesión constitucional, tras la destitución del presidente Pedro Castillo por parte del Congreso.
En declaraciones a los medios, la fiscal Benavides indicó que «ya hay una investigación aperturada de diligencias preliminares correspondientes por los hechos ocurridos en diciembre y el día de hoy estamos tomando la decisión de aperturar una nueva carpeta fiscal».
Masacre en Juliaca
Ciudadanos se movilizaron el lunes en la ciudad de Juliaca en el marco de las protestas para exigir la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones, una Asamblea Constituyente y la libertad del expresidente Pedro Castillo.
La manifestación fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad. La Defensoría de Perú notificó 17 personas fallecidas, varios de ellos por heridas de bala, sumando un total de 46 decesos desde el comienzo de las protestas en diciembre de 2022, así como decenas de heridos.
El director de la Dirección Regional de Salud (Diresa) en Puno, Ismael Cornejo, explicó al mismo medio que el primer fallecido de este lunes murió por una herida de bala en la cabeza y el segundo por una herida de bala en el pulmón, que le destrozó ese órgano.
Agregó que la población denunció el sobrevuelo de helicópteros, a baja altura, para lanzar bombas lacrimógenas y disparos a los manifestantes.
Además de las personas muertas en los choques directos con las fuerzas del orden, la Defensoría reportó un deceso por “hechos vinculados al bloqueo de vías” en el distrito de Chucuito, también en Puno.
Se trata de un bebé de 35 semanas que falleció en la ambulancia que lo trasladaba a un hospital regional, donde había sido derivado a un especialista al presentar insuficiencia respiratoria y sepsis.
«En diciembre, se ha aperturado una investigación y el día de hoy se está aperturando la otra investigación a los altos funcionarios que sean presuntamente responsables de todo lo que está ocurriendo», detalló Benavides.
El
Organizaciones de derechos humanos criticaron la respuesta gubernamental a las protestas. Amnistía Internacional pidió este lunes “el cese inmediato del uso indebido de la fuerza contra la población civil”. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una red de 78 organizaciones en defensa de los derechos humanos, responsabilizó a la actuación de las fuerzas del orden, de la presidenta y de sus ministros de la “masacre” en Juliaca y han pedido a la Fiscalía de Perú que actúe “para detener las violaciones a los derechos humanos”.
Las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Perú (ONU Perú) pidieron este martes a las autoridades y fuerzas de seguridad peruanas “a tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos”. El organismo expresó su “profunda preocupación por el incremento de la violencia” y dijo que se debe realizar “una investigación diligente, independiente, imparcial y transparente para esclarecer las denuncias de violaciones a los derechos humanos”.
Continúan las protestas contra el Gobierno
En diferentes regiones del país continuaron las movilizaciones contra el Gobierno de Boluarte y el Congreso, además de expresar su solidaridad y exigir justicia por las víctimas registradas en Juliaca.
En Arequipa, miembros del Frente de Desarrollo Integral de la Parte Alta de Paucarpata (Fredipap) y la Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa (AUPA) marcharon y realizaron un minuto de silencio por los fallecidos en Puno.
En Cusco, los manifestantes provenientes de varias provincias de la región expresaron su rechazo al Congreso y al Gobierno peruano, pidiendo la renuncia de Boluarte.
En Puno también se realizaron muestras de solidaridad con los familiares de las víctimas, repudiando la masacre y demandando justicia. Por su parte, el gobernador regional de este departamento declaró duelo de tres días por lo sucedido.
Asimismo en la capital Lima, integrantes de distintas organizaciones arribaron a la sede del Palacio de Justicia para rechazar la masacre en Juliaca y realizar una vigilia, pidiendo que los responsables sean castigados.
Horas antes, el primer ministro peruano Alberto Otárola anunció ante el Congreso que fue aprobado en Consejo de Ministros decretar un toque de queda nocturno por tres días en Puno, desde las 20H00 hasta las 04H00 (hora local), tras los hechos ocurrido que dejaron 17 civiles asesinados.
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