El comandante de la Policía del municipio colombiano de Armenia, situado en el departamento del Quindío, coronel José Luis Ramírez Hinestroza, confirmó este miércoles 16 de diciembre una nueva masacre en el barrio La Fachada, donde cuatro personas perdieron la vida y dos menores resultaron heridos.
Según precisó el coronel Ramírez, todavía “no se ha determinado los motivos que llevaron a que este sujeto desenfundara un arma y empezara a disparar de manera indiscriminada en contra de quienes estaban en la vivienda”.
La Policía de esta localidad anunció que fue capturado Carlos Andrés López, alias ‘El Paisa’, como el autor intelectual del hecho, quien presenta una condena de 34 años de prisión por el delito de homicidio. En el momento de la masacre, tenía un permiso de 72 horas.
Este hecho sucede justo un día después de que la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, hiciera un llamado al Gobierno colombiano para frenar la violencia de los grupos armados.
Las investigaciones de la ONU en Colombia indicaron que, en lo que va de 2020, han ocurrido 66 masacres, en las que 255 personas fueron asesinadas, en 18 departamentos del país. Además de un saldo de 120 defensores de derechos humanos asesinados.
Por su parte, el Instituto de Desarrollo para la Paz (Indepaz) informó que en lo que va de año se han perpetrado en el país 86 masacres, siendo los departamentos de Antioquia, Cauca y Norte de Santander los más afectados.
«Violencia se agudizó»
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) indicó, en su 29 informe semestral, que la violencia en Colombia se agudizó en la pandemia de COVID-19, refirió la agencia Sputnik.
«Durante la temporada de aislamiento obligatorio se agudizaron las vulnerabilidades existentes en las zonas donde convergen factores estructurales de conflicto armado, criminalidad, inequidad y débil presencia estatal», indicó el informe de la MAPP/OEA.
La misión también advirtió que en el primer semestre de este año se observó control territorial y social por parte de grupos armados ilegales «a través de medidas restrictivas de movilidad, amenazas, sanciones y afectaciones contra la población civil».
Asimismo, observó la persistencia en la instalación de minas antipersonal, violencia basadas en género, desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios que afectaron de manera principal a líderes sociales, autoridades étnicas, mujeres, organismos de acción comunal y excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en proceso de reincorporación y sus familias.
Fuentes: Telesur, Agencia Sputnik.
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