Uribe se defiende de acusaciones por promover el paramilitarismo

Según declaraciones que ofreció a la emisora RCN Radio, Uribe cuestionó las decisiones de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín (capital del departamento de Antioquia) por ratificar su solicitud de que se le investigue por presunto apoyo a grupos paramilitares, y desmintió los hechos por los que le acusa el Tribunal, cuyo fallo fue leído por el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo al final de la tarde del jueves.

«El magistrado Pinilla Cogollo, miembro de juventudes subversivas, me condena sin oírme, por razones electorales», dijo Uribe al puntualizar que el juez «se declaró mi enemigo desde joven».

Uribe califica las acusaciones como una campaña de persecución política contra él y miembros de su partido, Centro Democrático (derecha), ante las elecciones locales del próximo 25 de octubre.

«Seguramente si me hubiera reunido con paramilitares habríamos acabado con la guerrilla, pero no, siempre actué bajo la legalidad», agregó Uribe a RCN Radio.

El jueves, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ratificó la orden de la Fiscalía General de expedir copias para investigarlo por su presunta participación y conocimiento en la masacre de El Aro, ocurrida el 25 de julio de 1997 en el municipio de Ituango (Antioquia), cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

El fallo, compuesto por cerca de 800 páginas, también cuestiona la omisión que en 2002 hizo como presidente de la República ante la denominada Operación Orión, realizada en una de las zonas más peligrosas de Medellín, y que fue desarrollada por el Ejército Nacional con apoyo de grupos paramilitares con el fin de acabar con la presencia de grupos de milicias urbanas de las guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y de los Comandos Armados del Pueblo (CAP).

Durante el desarrollo de esa operación, en la que según el Tribunal los paramilitares también habrían contado con la colaboración de funcionarios de administraciones locales, así como de la Policía, se registraron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, las cuales son investigadas actualmente.

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