Uruguay debate reinstaurar los juicios por jurados tras 80 años en desuso

A falta de un mes para la aplicación en Uruguay del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), algunos fiscales y especialistas en materia legal han planteado la posibilidad de reinstaurar en el país los juicios por jurados, en desuso desde 1937.

La idea es defendida como «máxima expresión de independencia», aunque encuentra opiniones contrarias a su aplicación, como la escasa densidad poblacional de Uruguay por la que «resultaría ineficiente», dado que todo el mundo se conoce, y una carente preparación educativa en materia ciudadana.

El nuevo CPP, que comenzará a aplicarse a partir del próximo 1 de noviembre, cambia el modelo penal de inquisitivo a acusatorio, en el que la investigación estará dirigida por la Fiscalía, y dispone que los juicios sean orales y públicos.

Inmerso en estos cambios, el fiscal de Crimen Organizado Carlos Negro declaró a Efe que su ideal de sistema acusatorio contempla a los jurados populares, «máxima expresión de independencia».

Este procedimiento no se lleva a cabo en Uruguay desde el conocido suceso de La Ternera, en 1937, cuando un reconocido estanciero quedó sospechosamente absuelto del crimen de su esposa.

Negro expresó que «parece bastante absurdo el razonamiento de cuestionar todo un sistema porque haya habido un caso en que se cuestionó o ha habido sospecha de corrupción».

El fiscal indicó que no hay registros anteriores a ese último caso que permitan comprobar la eficiencia de los jurados, por lo que puede resultar prudente investigar en países como Argentina, donde ya está arraigado en algunas provincias.

Sobre esto, el magister en derecho procesal y vicepresidente del Colegio de Abogados del Uruguay, Gabriel Valentín, planteó en declaraciones a Efe que sería interesante una investigación empírica a través de los escasos recursos disponibles, noticias y publicaciones de la época, para reconstruir el funcionamiento de los juicios.

Tanto Negro como Valentín calificaron como positivo que se abran los ojos hacia este procedimiento, aunque de momento manifestaron que no se hará ningún planteamiento formal para su implementación.

Uruguay reúne las condiciones para incorporar a la gente a la justicia «porque es un país con altos niveles educativos, con una estructura social que no tiene grandes desniveles comparados con el resto de América Latina y porque tiene una cultura deliberativa», argumentó el fiscal.

Según su perspectiva, para decidir la responsabilidad de una persona no hay que ser abogado sino tener sentido común al analizar las pruebas que se presenten ante un hecho.

Valentín añadió que «la decisión del jurado no se motiva», a diferencia del juez que debe explicar el porqué de cualquier decisión.

Ambos estudiosos refutaron la idea de que este sistema es más proclive a condenar que a absolver.

Más dudas sobre la conveniencia de aplicar este sistema expresó el abogado Martín Prats, ex director de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), quien afirmó a Efe que en países anglosajones donde se utilizan los jurados populares existe una cultura ciudadana diferente a la uruguaya.

Según Prats, en la actualidad no se dan las condiciones para que en Uruguay se lleven a cabo juicios por jurados, aunque comentó que es una posibilidad que «no se debe descartar» y que hay que trabajar en educación ciudadana para que quienes asuman la responsabilidad de decidir lo hagan mediante un análisis objetivo de los hechos.

Tampoco comparte las aspiraciones en cuanto a este modelo la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mirtha Guianze.

Guianze afirmó a Efe que dada la pequeña densidad poblacional de Uruguay, de menos de 3,5 millones de habitantes, esta alternativa resultaría ineficiente porque «es un lugar muy pequeño donde la gente se conoce».

Para Guianze, el ejemplo de Argentina no es válido porque «no hay manera de reclutar un jurado como se hace en otros países», menos aún en el interior del país (fuera de Montevideo)»,expresó.