33 años se cumplen este domingo de la inédita rebelión popular que protagonizó el pueblo venezolano, contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Como se recordará, el 27 de febrero de 1989 estalló la explosión popular en Guarenas, estado Miranda, con miles de personas protestando el llamado «paquetazo» impuesto por el presidente Carlos Andrés Pérez, que aceptó las medidas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), recordó el portal VTV.
El FMI obligó al Gobierno Nacional a cambio de «préstamos» a la República por 4.500 millones de dólares en tres años, al aumento de pasajes, la liberación de precios de productos de primera necesidad, la privatización arbitraria de empresas del Estado, el congelamiento de sueldos y salarios y recortes de todos los «gastos» o presupuestos destinados al área social, así como un progresivo aumento de la deuda externa del país.
Ese estallido social espontáneo, denominado “El Caracazo”, se propagó de forma inmediata hacia zonas del área metropolitana de Caracas como Caricuao, El Valle, Nuevo Circo, La Hoyada, Catia y Petare y en La Guaira, Maracay (Aragua), Valencia (Carabobo), Barquisimeto (Lara), Mérida (Mérida), Barcelona (Anzoátegui) y Ciudad Guayana (Bolívar), entre otras zonas del país.
Con este “Sacudón”, como también se le llamó, fue el día en que el pueblo «bajó de los cerros»; se desató una ola de saqueos en el país, principalmente de supermercados, carnicerías, negocios de artículos electrónicos y línea blanca, que eran inaccesibles para las grandes mayorías empobrecidas que no conseguían satisfacer sus necesidades básicas de la vida.
Aquel estallido social se caracterizó por la espontaneidad. Sus acciones no tuvieron un liderazgo visible, ni fueron organizadas por partido o grupo político alguno.
La orden del gobierno de aquella época fue aplastar la disidencia y apagar esta explosión popular mediante el uso indiscriminado de armas de guerra con fuego real, por parte de las antiguas «Fuerzas Armadas Nacionales» (FAN) que con tanques, fusiles, ametralladoras, pistolas y tropas apertrechadas provocaron un cruel y bestial derramamiento de sangre en las calles del país, incluso disparando ráfagas de FAL contra edificaciones civiles y residencias de familias. Treinta y tres años después, se desconoce la cifra exacta de muertos, heridos y desaparecidos.
En la madrugada del 28 de febrero el entonces presidente Pérez, ordenó al Ejército a reprimir absolutamente, con licencia para utilizar armas de fuego y matar, bajo la mirada cómplice de los organismos internacionales supuestamente dedicados a la defensa de los DD.HH. En la tarde anunció la suspensión de las garantías constitucionales y la aplicación del Toque de Queda con el fin de reprimir al pueblo insurgente.
Los derechos a la libre expresión de las ideas, la libertad de tránsito, libertad individual, inviolavilidad del domicilio, derecho a la reunión y a la manifestación pacífica previstos en la constitución de 1961, fueron suspendidos. El pueblo venezolano, víctima histórica del Estado represor de derecha del siglo pasado, advertía que «el gobierno no paga muertos».
Mientras el país permanecía militarizado, el 1 de marzo el gobierno de Pérez firmó una carta de intención con el FMI solicitando un préstamo para la aplicación del paquetazo.
Seis días después fue suspendido el toque de queda y comenzaron a reactivarse las actividades en la nación, bajo el temor incubado en la población de que el Estado asesino volviera a matar indiscriminadamente ante cualquier disidencia o protesta.
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