Venezolanos denuncian la Ley de Enemigos Extranjeros en EE.UU. como injusta para sus connacionales

El decreto firmado por Trump justifica la normativa alegando que el grupo criminal Tren de Aragua está involucrado en actividades que amenazan la seguridad norteamericana

Venezolanos denuncian la Ley de Enemigos Extranjeros en EE.UU. como injusta para sus connacionales

Autor: El Ciudadano México

Un reciente sondeo realizado por Hinterlaces, agencia especializada en estudios de opinión pública, reveló que el 89% de los venezolanos consultados rechaza el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de la Administración de Donald Trump, que ha sido invocada para expulsar a ciudadanos venezolanos de Estados Unidos. Además, un 91% de los encuestados considera que esta medida «viola profundamente» los derechos humanos.

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El decreto firmado por Trump el pasado 14 de marzo justifica la aplicación de la normativa con el argumento de que el grupo criminal conocido como Tren de Aragua está involucrado en actividades que amenazan la seguridad del país norteamericano. Esto ha desatado la polémica, pues la ley permite la deportación rápida de extranjeros en tiempos de guerra o invasión. Según el decreto, aquellos venezolanos mayores de 14 años sin ciudadanía o residencia permanente en Estados Unidos y que sean considerados parte de dicho grupo podrían ser deportados.

El estudio también revela que un 84% de los encuestados cree que la líder opositora venezolana María Corina Machado ha respaldado y promovido esta decisión, lo que ha generado una mayor controversia entre los ciudadanos.

Caracas ha expresado su rechazo categórico a la aplicación de esta «normativa anacrónica», calificándola como una violación de los derechos humanos y del ordenamiento jurídico internacional. El Gobierno venezolano argumentó que el éxodo migratorio de sus ciudadanos se debe a la crisis económica provocada por las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Sin embargo, el pasado 16 de marzo, un juez federal de Estados Unidos suspendió temporalmente las deportaciones ordenadas por Trump, generando un espacio de 14 días para que se revise la legalidad de la medida. Durante este periodo, se espera que se abran nuevos debates sobre las implicaciones jurídicas y humanitarias de la polémica ley.

Foto: X

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