Venezuela denuncia crímenes de lesa humanidad contra migrantes venezolanos detenidos en El Salvador

La Fiscalía General de Venezuela, encabezada por Tarek William Saab, ha acusado al gobierno de El Salvador de cometer crímenes de lesa humanidad al detener de manera arbitraria a al menos 250 migrantes venezolanos. Según la acusación, estas personas han sido sometidas a condiciones extremadamente crueles, inhumanas y degradantes durante su reclusión, una violación que se considera un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. La denuncia detalla que los migrantes han sido víctimas de desapariciones forzadas, torturas sistemáticas y deportaciones basadas únicamente en su nacionalidad, lo que contraviene las normas internacionales sobre derechos humanos.

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En una conferencia de prensa, Saab explicó que muchos de los migrantes detenidos han sido arrestados sin pruebas claras de actividad criminal. En algunos casos, las autoridades salvadoreñas los habrían señalado solo por su nacionalidad, sin que existiera evidencia de que estuvieran involucrados en actividades ilícitas. Por ejemplo, mencionó que se han dado arrestos de personas solo por tener tatuajes que hacen referencia a sus padres o incluso por portar el escudo de un equipo de fútbol como el Real Madrid, lo que no tiene base legal ni internacional.

Saab insistió en que, al firmar el Estatuto de Roma, El Salvador asumió la responsabilidad de respetar los derechos humanos y no discriminar a las personas por su nacionalidad. En su opinión, las acciones del gobierno salvadoreño violan acuerdos internacionales fundamentales, como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que prohíbe las discriminaciones basadas en la nacionalidad.

Uno de los aspectos más graves de la denuncia es el tratamiento que los migrantes venezolanos han recibido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde se encuentran recluidos muchos de los detenidos. Saab describió este centro de reclusión como uno de los lugares más terribles en el mundo. Según la denuncia, los prisioneros son obligados a permanecer sentados en el suelo, sin acceso a comida ni agua, mientras sus familias desconocen su paradero. El fiscal señaló que muchos de los detenidos han muerto en esas condiciones sin que se haya hecho pública su muerte, lo que ha provocado que comparara este centro con los infames campos de concentración utilizados en el pasado.

El fiscal también cuestionó las acusaciones del gobierno salvadoreño, al indicar que ninguno de los migrantes detenidos está vinculado con el Tren de Aragua, una banda criminal que opera en varias naciones de América Latina y que, según las autoridades, ha estado involucrada en actividades delictivas. Saab explicó que en Venezuela más de 50 miembros de esta banda han sido arrestados y que el resto de los integrantes está siendo perseguido a través de alertas internacionales. Ante esto, el fiscal se preguntó por qué El Salvador estaría deteniendo a ciudadanos venezolanos que ni siquiera forman parte de las listas de búsqueda de las autoridades venezolanas, lo que refuerza la sospecha de que las detenciones no se basan en pruebas concretas.

A medida que las denuncias se hacen públicas, la Fiscalía de Venezuela se prepara para llevar el caso a la Corte Penal Internacional (CPI), con la esperanza de que se tomen acciones legales para proteger los derechos de los migrantes. Saab aseguró que presentarán pruebas contundentes ante el tribunal internacional, entre ellas un video que muestra las deplorables condiciones de reclusión en el CECOT, con la intención de hacer visible ante la comunidad global lo que considera una violación sistemática de derechos humanos.

Con esta denuncia, Venezuela busca que el mundo reconozca lo que considera una grave injusticia hacia sus ciudadanos y se tomen medidas para que los responsables enfrenten la justicia internacional. Para Saab, el caso no es solo una denuncia aislada, sino un clamor urgente que no puede ser ignorado, pues los abusos cometidos afectan no solo a los venezolanos, sino que también plantean un desafío para la protección de los derechos humanos a nivel mundial.

Foto: El Ciudadano

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