Venezuela solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) fijar posición sobre la información que le ha suministrado para el caso que ese organismo sigue por supuesta violación a los derechos humanos en el país caribeño, indicó el fiscal general, Tarek William Saab, mediante un comunicado, publica la agencia Sputnik.
«Resulta indispensable que la Fiscalía de la CPI informe sobre su posición con relación a la información suministrada por nuestro país y que establezca la ya solicitada hoja de trabajo conjunto para sacar el máximo partido a la firme voluntad de colaboración que el Estado venezolano tiene desde que fue requerido por la Fiscalía el pasado 2 de octubre (de 2020)», señala la misiva difundida por Saab, en su cuenta oficial en la red social Twitter.
De esta manera, explicó que el Ministerio Público (MP) de Venezuela ha consignado ante la CPI cuatro informes sobre el caso de su país, pero ha denunciado en reiteradas ocasiones que han sido «ignorados» por dicho organismo internacional.
Saab indicó, además, que la Fiscalía presentó el miércoles 9 de junio un informe ampliado, con mayores datos que el que fue entregado el pasado 6 de mayo, sobre la incidencia y utilización de las redes sociales para manipular y afectar el examen preliminar que realiza la CPI a Venezuela.
«El informe demuestra, a través de ejemplos y casos reales, cómo algunos medios de comunicación y sobre todo las redes sociales dan a la información referente al caso un determinado sesgo político«, indica el texto.
En este punto, la nación sudamericana pidió, el mismo miércoles, a la CPI que convoque a una reunión entre las partes, para debatir sobre un proceso justo como Estado objeto de un examen preliminar.
Dicha solicitud fue hecha por el MP venezolano, tras las declaraciones emitidas por la fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, quien indicó que en los próximos días se anunciará una decisión sobre Venezuela, para determinar si se abre o no una investigación contra la nación por crímenes de lesa humanidad.
La CPI comenzó un examen preliminar a Venezuela, en febrero de 2018, por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno durante 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.
Fuentes: Sputnik/VTV.
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