Venezuela solicitó detención de directivos de Citgo designados ilegalmente

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que fue emitida una orden de aprehensión contra dos ciudadanos venezolanos designados ilegalmente como directivos de Citgo, por presunta conspiración y legitimación de capitales.

Desde la sede principal del Ministerio Público (MP), en Caracas, Saab indicó este lunes 18 de enero que fueron solicitadas las medidas contra Andrés Felipe Yrigoyen Luna, designado ilegalmente como nuevo presidente de la Junta Directiva de Citgo, y Ramón Pocaterra Esparza, designado ilegalmente como miembro de la Junta Directiva de Citgo Petroleum Corporation.

Asimismo, la orden implica el allanamiento y la incautación de bienes muebles e inmuebles y el bloqueo e inmovilización de cuentas en contra de estos sujetos. “A ambos se los imputa por los delitos de conspiración, usurpación de funciones públicas, legitimación de capitales, asociación y obstrucción de la justicia”, puntualizó el jefe del MP.

El fiscal recordó que Juan Guaidó se autoproclamó «presidente encargado» y designó una junta ilegal que impide a la nación ejercer la defensa contra la demanda de la empresa Crystallex en un tribunal federal de Estados Unidos.

“Los auténticos representantes del Estado venezolano fueron impedidos de actuar y se entregó la defensa de Venezuela al falso procurador, nombrado por Guaidó, José Ignacio Hernández, prófugo de la justicia venezolana”, dijo Saab.

Ante lo expuesto, resaltó que Hernández había sido asesor de la propia Crystallex y fue quien le dio los argumentos a esta empresa para exigir que se vendieran las acciones de Citgo y se les pagara una indemnización que obtuvieron a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), reseñó Telesur.

Saab enfatizó que Hernández fue el mismo abogado que dio los argumentos a los demandantes contra Venezuela, y que cobró una gran suma de dinero.

Además, manifestó que esperan que con el apoyo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), a través de las alertas rojas (órdenes de captura), esos ciudadanos «paguen por todo el daño que le han causado a Venezuela», refirió la agencia Sputnik.

“Venezuela necesita ese dinero para comprar medicinas y alimentos, no para favorecer a cuatro o cinco familias que viven como jeques en el exterior”, manifestó.

En contexto

Juan Guaidó y un grupo de exdiputados aprobaron en diciembre pasado la reforma del estatuto de transición del Parlamento, para extender su mandato por un año más.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nula la reforma y reiteró que la Asamblea Nacional saliente cumplió sus funciones hasta el 4 de enero de 2021. Sin embargo, la semana pasada Juan Guaidó designó una nueva junta directiva de Citgo, filial de la petrolera venezolana PDVSA en Estados Unidos.

El Gobierno de Venezuela acusó el 16 de enero al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apropiarse ilegalmente de los activos de la filial de PDVSA, Citgo, tras la sentencia que autoriza su venta.

Fuentes: Telesur, agencia Sputnik.

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