Venezuela suspende relaciones comerciales con Panamá

El gobierno venezolano emitió este jueves una resolución para suspender, durante 90 días prorrogables, las relaciones económicas, comerciales y financieras con Panamá.

Se trata de una resolución conjunta firmada por los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Comercio Exterior e Inversión Internacional, y Banca y Finanzas.

“Se ordena la inmediata suspensión de toda relación económica, comercial y financiera, con los sujetos nacionales con la república de Panamá, listados en el anexo A, sobre la base del principio de precaución y como medida de protección del sistema financiero económico y comercial de Venezuela”, señala la resolución.

La suspensión tendrá un plazo de 90 días prorrogables por igual período, mediante resolución del ministerio de Economía y Finanzas “que podrá disponer el levantamiento de tal suspensión de manera general o solo respecto de determinados sujetos”.

El texto de la resolución, leído a través la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV), denuncia que han «evidenciado el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dineros y bienes proveniente del delito contra el patrimonio público».

Destaca que dichos delitos han sucedido bajo la opacidad del sistema financiero de Panamá y «con la colaboración de sujetos nacionales panameños dentro y fuera del país».

El anexo A de la resolución contiene un listado de 22 personas naturales y 46 jurídicas nacionales de Panamá. Entre las personas incluidas figura el presidente panameño Juan Carlos Valera; la canciller Isabel de Saint Malo; el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán; y la ministra de Gobierno, María Luisa Romero, por nombrar algunos.

En el caso de las personas jurídicas figura la Compañía Panameña de Aviación, Vida Panamá, Supercentro Casanova, Casablanca, Novatex, Pan Colombia Travel, y Banesco Banco Universal, entre otros.

La resolución agrega que el Estado venezolano debe adoptar los estándares y mejores prácticas internacionales “que permitan mayor efectividad de los mecanismos de control y sanción contra los delitos de delincuencia organizada, particularmente los relacionados con los llamados paraísos fiscales”.