Acciones de la AN en desacato y TSJ en el exilio están al margen de las leyes venezolanas

Las acciones emprendidas por la Asamblea Nacional en desacato desde el año 2016, de magistrados que integran el autodenominado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, con el apoyo de factores de la derecha, la burguesía, el imperio de Estados Unidos y países de la Unión Europea, están al margen de las leyes venezolanas y representan una nueva maniobra para hacerse con el poder a través de acciones desestabilizadoras, un golpe de Estado o una intervención militar desde el extranjero.

Tales esfuerzos en contra el pueblo de Venezuela y las autoridades del Gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro han sido promovidas de forma insistente por diputados de diferentes partidos de la derecha en la nación suramericana, quienes este martes votaron a favor de un antejuicio de mérito contra el jefe de Estado, señalándolo de supuestos actos de corrupción con Odebrecht, empresa que habría otorgado $50 millones para el financiamiento de su campaña presidencial en el año 2013.

Las maniobras de la derecha, aupadas por factores de la oligarquía y del imperio estadounidense, que ha promovido y aplicado una serie de sanciones financieras y una guerra económica al Gobierno revolucionario desde hace más de tres años, han sido repudiadas el máximo tribunal de justicia en Venezuela, dirigido por el magistrado Maikel Moreno.

El titular del máximo tribunal de la justicia en Venezuela señaló que éstas representan una nueva maniobra con la que pretenden, desde el exterior, atacar la figura del dignatario venezolano.

En un comunicado, Moreno calificó de absurdo, temerario y delictual el antejuicio de mérito contra el gobernante venezolano y denunció que la exfiscal Luisa Ortega Diaz forma parte de la farsa que se prepara bajo la anuencia de gobiernos de otros países.

Resaltó que el Procedimiento de Antejuicio de Mérito cumple con una serie de requisitos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, de acuerdo con la Carta Magna, este procedimiento es facultad legal solo del Fiscal General de la República, cuyo cargo ostenta actualmente Tarek William Saab.

El pretendido proceso contra Nicolás Maduro fue emprendido por Luisa Ortega Díaz, quien entregó a los magistrados exiliados una serie de documentos y testimonios de ejecutivos de la empresa constructora para implicar a Maduro en delitos de corrupción y lavado de dinero.

La acción de la Asamblea Nacional también fue rechazada  por el Fiscal General de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, quien consideró el referido proceso como “nulo”.

El titular del Ministerio Público aseveró que las pretensiones para iniciar un Antejuicio de Mérito contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de quienes se encuentran prófugos de la justicia venezolana, son nulas e ilegítimas.

«El Ministerio Público expresa a la nación y a la comunidad internacional que: Ante el acto bufo e inmoral de unos ciudadanos y ciudadanas prófugos de la justicia de usurpar funciones establecidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Dadas a mi persona como Fiscal General de la República y al Tribunal Supremo de Justicia: Que sus actos son nulos», manifestó a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta Twitter.