El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), una institución del Banco Mundial con sede en Washington, Estados Unidos, le cerró la puerta a una de las fichas de Juan Guaidó en el extranjero.
Esta vez no se trata de cualquier nombre en el listado de cómplices del autoproclamado «presidente encargado», sino de su «procurador especial», quien ha estado involucrado en el desfalco en el exterior que intentan hacer los integrantes de la red delictiva Voluntad Popular contra los bienes y activos del Estado venezolano en territorio estadounidense.
El protagonista del portazo en la cara es José Ignacio Hernández, a quien Guaidó «designó» como «procurador especial» en febrero pasado, como parte del plan sedicioso que intenta crear un Estado paralelo en Venezuela, auspiciado por Washington, su presidente Donald Trump, y gobiernos serviles a Washington en la región, para asaltar y apropiarse del Poder Político y Económico de Venezuela.
De acuerdo a una investigación de la plataforma de periodismo de datos La Tabla, el mencionado «funcionario» de Juan Guaidó y uno de los principales promotores del bloqueo total contral Venezuela impuesto por el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados, buscaba entrar en el Ciadi para actuar como un representante del Gobierno legítimo de Nicolás Maduro, un acto que fue rechazado por la institución de forma inmediata al pretender reemplazar ante esa instancia al equipo de la Procuraduría General de la República que dirige Elvis Amoroso.
El rechazo del Ciadi al «procurador especial» de Guaidó se argumentó con base en la ley, pues el organismo sólo reconoce al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por ser custodio de la constitucionalidad y parte del Estado que legalmente es capaz de demostrar que ejerce sus funciones de forma efectiva y con plenas facultades como Gobierno.
«La decisión, contenida en la Resolución Procesal N° 2, fue publicada el pasado 29 de agosto por el comité de anulación del caso ARB 13/11 (Valores Mundiales SL y Comercio Andino SL c Venezuela) en un documento de 15 páginas», dice el texto al que tuvo acceso La Tabla.
Agrega el medio investigativo que «en el procedimiento, el comité consideró que la carga de la prueba recaía sobre Hernández, quien debía demostrar la validez de su pretensión de representar a un gobierno con ejercicio efectivo, a la luz del derecho internacional y de la legislación nacional».
No pudo demostrar su ‘cargo’ ante el Ciadi
Agrega La Tabla que el supuesto «procurador especial» -que también forma parte de los pupilos de Ricardo Hausmann que pretende entregar a Venezuela al Fondo Monetario Internacional (FMI)- ni siquiera presentó sus alegatos el 27 de junio, fecha prevista para la recepción de las réplicas».
«El comité de anulación (una instancia de apelación del tribunal arbitral de cada caso) conoció del asunto tras la comunicación que el 27 de marzo pasado le dirigió Hernández a la Secretaría General del Ciadi, informando que la representación de Venezuela sólo le correspondía a él a partir de su supuesta designación el 5 de febrero», añade el referido portal.
Además, el comité estableció que, de acuerdo con el derecho internacional la representación del Estado la tiene el Gobierno, ‘es decir, el o los sujetos que ejercen el control efectivo del territorio’.
«Mientras que Hernández no pudo demostrar que el presidente de la Asamblea Nacional, de la cual deriva su designación, ejerce efectivamente el gobierno. En tal sentido precisa que más allá de algunos reconocimientos de Estados extranjeros a Guaidó, Hernández no pudo mostrar hechos concretos», agrega el texto.
En cuanto al derecho interno, el comité destaca que el Estatuto para la Transición y el acto de designación de la Asamblea Nacional fueron invalidados por el TSJ, que es el custodio de la constitucionalidad de las leyes según el artículo 335 de la Constitución, precisa la decisión en un abierto reconocimiento de la vigencia de la institucionalidad y al Poder Judicial venezolano.
Al respecto también cuestiona el planteamiento de Hernández de desconocer la sentencia del TSJ invocando la mención de un acto del gobierno de Estados Unidos y afirma tajantemente que el acto de un gobierno extranjero no puede tener de por sí influencia para juzgar la legitimidad de un órgano constitucional interno.
«En este contexto, el Comité no puede apartarse de lo decidido por el máximo órgano judicial venezolano, salvo que se pruebe que ha habido un cambio de gobierno según el derecho internacional», recalca la Resolución emitida por el Ciadi.
La Resolución fue dictada por un Comité conformado por los profesores Luca Radicati di Brozolo (quien lo preside), José Antonio Moreno Rodríguez y Fausto de Quadros.
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