Torrenciales aguaceros en gran parte de la zona norte del país y una inundación de gran magnitud fue el germen de un programa gubernamental en Venezuela que, a lo largo de una década, ha permitido la construcción de más de 3,5 millones de viviendas.
Las intensas lluvias que afectaron a 10 entidades del país, entre finales de 2010 e inicios de 2011, tuvieron efectos más graves en los estados Falcón, Miranda, Vargas y el Distrito Capital. Por ese entonces, el presidente Hugo Chávez emitió un decreto de emergencia y visitó algunas de las zonas de riesgo, donde los aguaceros derrumbaron hogares y dejaron a la intemperie a decenas de miles de personas.
Chávez ordenó dar respuesta inmediata y las acciones implicaron la protección de las familias en refugios temporales, con la promesa de proporcionarles un nuevo hogar, lo antes posible. Debido a esta coyuntura, el 30 de abril de 2011, se creó oficialmente la «Misión Vivienda Venezuela«, reseña un reportaje de RT.
El programa comenzó con un registro que se proponía obtener el número real de las familias afectadas y la identificación de las que residían en zonas de riesgo. El primer fin de semana se incluyeron 100.000 núcleos familiares y en pocos meses se superó el medio millón.
La alta demanda de viviendas que se estableció en ese censo, redimensionó el objetivo del programa. Chávez prometió que no solamente atendería a las familias en riesgo, sino también al resto de la población que carecía de un techo propio: unas, por el alto costo de las propiedades y otras, por ser víctimas de estafas inmobiliarias.
Así, Chávez trazó una meta de construir 2 millones de viviendas entre 2011 y 2017, que serían financiadas y pagadas al «precio justo» y «sin especulación». Para lograrlo, el gobierno venezolano se involucró directamente, vinculó a sectores privados de la construcción y concretó convenios internacionales.
Los primeros hitos de viviendas
Pasaron cuatro años para que el programa alcanzara el primer millón de casas entregadas. Ese hito quedó registrado el 31 de diciembre de 2015. Tres años más tarde se entregó la vivienda del segundo millón, adjudicada el 20 de marzo de 2018, cifra con la que el gobierno de Nicolás Maduro cumplió (aunque un año más tarde) con la promesa trazada por Chávez en 2011.
Maduro mencionó entonces que la meta había sido alcanzada a pesar del continuo sabotaje dirigido contra su país y la llamada «guerra económica», como el Ejecutivo denominó a las presiones ejercidas por EE.UU. y la UE, que luego derivaron en medidas coercitivas unilaterales.
«Podemos decirle al comandante Chávez: ¡Misión cumplida! Ahora vamos rumbo hacia las 5 millones de viviendas«, prometió Maduro en 2018, como una nueva meta para el año 2025.
Año y medio después, el gobierno de Maduro alcanzó las 3 millones de viviendas entregadas. Lo hizo el 26 de diciembre de 2019.
A mediados de marzo de 2021, se superaron los 3,5 millones de viviendas. Al alcanzar ese tope, Maduro resaltó que el programa había entregado 40% de las casas a familias jóvenes, un sector al que consideró víctima del «mercado capitalista».
Las metas pendientes
De acuerdo a datos del sector privado, divulgados públicamente por voceros de la Cámara Venezolana de la Construcción, el déficit habitacional en el país estaría rondando los 2,5 millones de viviendas.
Precisamente, la proyección del Gobierno es construir 2,5 millones de viviendas durante los próximos cuatro años. «Sí es posible construir, sí es posible resistir, sí podemos avanzar», dijo Maduro en referencia a la meta que han logrado cumplir, «a pesar que las sanciones han hecho un gran daño».
Para agilizar la construcciones, el presidente venezolano autorizó la creación del «Sistema Petro Inmobiliario«, que se integra a la llamada «Ley Antibloqueo» y que, según el Gobierno, «permitirá avanzar en el cumplimiento de las metas de viviendas».
La utilización del «Petro Inmobiliario», explicó Maduro, se dará como «una moneda de reserva de valor y viabilidad financiera«, que permitirá establecer «alianzas comerciales con empresas privadas de construcción e industrias de insumos», para ejecutar proyectos que tengan como fuente de pago «los créditos hipotecarios de los beneficiarios y los acuerdos de ventas mixtas de viviendas».
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