La Asociación Americana de Juristas (AAJ) denunció este viernes 26 de julio las acciones y declaraciones injerencistas y desestabilizadoras de los Estados Unidos y otros países aliados, mediante los medios de comunicación hegemónicos y redes sociales, con el objetivo de desestabilizar el proceso electoral previsto para este domingo 28 de julio en Venezuela.
En un comunicado, mencionan que «las acciones injerencistas comenzaron con una amplia campaña mediática donde diversas personalidades de los Estados Unidos y gobiernos aliados llamaron abiertamente a votar por la oposición al actual gobierno venezolano (…) En los últimos días, probablemente por verificar que la campaña descripta no produjo los resultados esperados, comenzaron a instalar la posibilidad de fraude electoral».
«Estas maniobras traen a la memoria un operativo similar previo a las elecciones del 2019 en Bolivia, que desencadenó en el golpe de Estado en ese país, con la participación de la USAID, la OEA e incluso de la Unión Europea, con un saldo de muertos, heridos, presos políticos, y despojo de recursos estratégicos para ese país. Es necesario recordar que, con la recuperación de la democracia, el voto popular demostró que el amplio triunfo de Evo Morales en los comicios del 2019 fue legítimo», agregan.
Asimismo, la Asociación subraya que han acreditado veedores y acompañantes internacionales para el proceso del próximo electoral en Venezuela y han «verificado que, al igual que en anteriores elecciones, se trata uno de los sistemas electorales más íntegros y seguros, sólo administrado por el Poder Electoral».
En este sentido, repudian las amenazas desestabilizadoras del gobierno de los Estados Unidos y países aliados y exige que se respeten las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas relativas a la no intervención en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela.
«Exhortamos a los Gobiernos y sus representantes a no realizar declaraciones que alienten un cruento enfrentamiento en la sociedad venezolana, e insistimos en que se debe retomar la senda de la solidaridad y cooperación pacífica entre los pueblos», finalizan.
A continuación el comunicado íntegro:
La Asociación Americana de Juristas (AAJ) denuncia las acciones y declaraciones injerencistas y desestabilizadoras de los Estados Unidos y otros países aliados, que mediante los medios de comunicación hegemónicos y redes sociales, pretenden desestabilizar el proceso electoral venezolano instalando falsos escenarios de posible fraude electoral.
Las acciones injerencistas comenzaron con una amplia campaña mediática donde diversas personalidades de los Estados Unidos y gobiernos aliados llamaron abiertamente a votar por la oposición al actual gobierno venezolano. Ejemplo de ello fue la ministra de seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien, acompañada de Richard Blanco, presidente del partido Alianza Bravo Pueblo, en un video difundido por las redes convocó a acompañar masivamente a María Corina Machado (afirmando falsamente que se le impidió candidatearse), y a votar por Edmundo González.
En los últimos días, probablemente por verificar que la campaña descripta no produjo los resultados esperados, comenzaron a instalar la posibilidad de fraude electoral. En diversos comunicados convocan a la población a votar por la oposición y falsamente afirmar de tener pruebas de la supuesta alteración del resultado electoral por parte del gobierno encabezado por Nicolas Maduro.
Estas maniobras traen a la memoria un operativo similar previo a las elecciones del 2019 en Bolivia, que desencadenó en el golpe de Estado en ese país, con la participación de la USAID, la OEA e incluso de la Unión Europea, con un saldo de muertos, heridos, presos políticos, y despojo de recursos estratégicos para ese país. Es necesario recordar que, con la recuperación de la democracia, el voto popular demostró que el amplio triunfo de Evo Morales en los comicios del 2019 fue legítimo.
Nuestra organización ha acreditado veedores y acompañantes internacionales para el proceso del próximo 28 de julio en la República Bolivariana de Venezuela. Hemos verificado que, al igual que en anteriores elecciones, se trata uno de los sistemas electorales más íntegros y seguros, sólo administrado por el Poder Electoral, el cual está integrado por miembros de todas las fuerzas políticas participantes con juntas electorales a todos los niveles: Nacional, Regional y Municipal.
En materia tecnológica, contiene 16 tipos de auditorías en sus distintos componentes, incluso en su sistema cerrado de transmisión, en las que también intervienen todas las fuerzas políticas. Además, los centros de votación están sujetos a verificación ciudadana, con previsiones tales como el sorteo de 30 miembros por cada mesa, a pesar de que solo ejercerán la función 3 de ellos, juntamente con los testigos designados por cada partido político. Todo ello, bajo minuciosa normativa y reglamentación, con rango constitucional.
Es necesario citar que, «El principio de no intervención implica el derecho de todo Estado soberano de conducir sus asuntos sin injerencia extranjera». La Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2o párrafo 7 expresa: «Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta». La Asamblea General de la ONU, en su Resolución 375 (IV) de 1949 establece en su parte dispositiva (Artículo 3°) que «Todo Estado tiene el deber de abstenerse de intervenir en los asuntos internos o externos de otro Estado». Posteriormente, la Asamblea General adoptó dos resoluciones: la Resolución 2131 (XX) titulada «Declaración sobre la Inadmisibilidad de la Intervención en los asuntos internos de los Estados y la protección de su independencia y soberanía» y la 2625 (XXV) relativa a la «Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados.» Esta última contiene el siguiente párrafo: «Todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en las luchas interiores de otro Estado».
Históricamente, los Estados más débiles se aferraron al principio de no intervención como la única protección jurídica contra las ambiciones expansionistas de los países más poderosos. Así, la Carta de la O.E.A., en el Artículo 19, determina que «Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen». Como antecedente, en la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, celebrada en Buenos Aires, el 23 de diciembre de 1936, se suscribió un Protocolo Adicional que en su Artículo 1° dispuso: «La Altas Partes Contratantes declaran inadmisible la intervención de cualquiera de ellas, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos interiores o exteriores de cualquiera otra de las Partes».
Por todo lo expuesto, la AAJ se suma a los numerosos pronunciamientos de grupos de intelectuales, como también de los movimientos y organizaciones sociales, culturales y profesionales, y a las fuerzas políticas progresistas, repudiando las amenazas desestabilizadoras del gobierno de los Estados Unidos y países aliados y exige que se respeten las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas relativas a la no intervención en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela.
Exhortamos a los gobiernos y sus representantes a no realizar declaraciones que alienten un cruento enfrentamiento en la sociedad venezolana, e insistimos en que se debe retomar la senda de la solidaridad y cooperación pacífica entre los pueblos.
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