En Venezuela los medios de comunicación no tienen patente de corso para mentir

A través del tiempo,  grandes corporaciones y transnacionales se han acostumbrado a utilizar los medios de comunicación para impulsar campañas mediáticas contra diversos políticos, empresas y entes gubernamentales. Pese a que esta actividad está terminantemente prohibida, hay quienes siguen incurriendo en estos actos de difamación y mentiras.

La «patente de corso» era un documento que entregaban los monarcas y gobernantes a particulares y que permitía perseguir y atacar por mar a piratas y embarcaciones de naciones enemigas, siguiendo las llamadas y no escritas «leyes de guerra».

Actualmente, numerosos medios de comunicación, venezolanos e internacionales, manipulan el correcto ejercicio de la libertad de expresión para atacar directamente a dirigentes políticos vinculados a la Revolución Bolivariana. Su fin último: generar malestar en la población y derrocar al Gobierno.

En el ámbito internacional, estos hechos son «el pan de cada día». Incluso, los medios han escrito artículo en los que hacen graves acusaciones en contra del presidente de Venezuela y miembros de su Gabinete, pero son incapaces de presentar prueba alguna que respalde sus declaraciones.

Diosdado Cabello vs. El Nacional

El caso más reciente en Venezuela tuvo esta semana su primer desenlace. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, fue señalado en 2015 por el diario El Nacional de poseer vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. Ante ello, el político interpuso una demanda contra el medio.

Esta semana, la justicia venezolana tomó una decisión y dispuso que la Sociedad Mercantil Editorial El Nacional debe indemnizar  al político con la suma de mil millones de bolívares, así lo dio a conocer el Tribunal Supremo de Justicia en un comunicado.

Otro caso sonado en la región suramericana se dio en Ecuador, cuando el expresidente Rafael Correa (2007-2017) presentó una demanda, en julio de 2017, contra el periodista Martín Pallares, por descrédito y deshonra en su contra.

«El monto que usted (juez) considere pertinente, así como la indemnización inmaterial, en la forma que su autoridad considere pertinente», fueron las exigencias del exmandatario ecuatoriano, en un documento presentado y firmado por Correa y su abogado.

Aunque en esa ocasión la justicia ecuatoriana declaró inocente a Pallares, la realidad, tras lo sucedido en Venezuela, invita a los grandes medios a reflexionar y pensarlo dos veces antes de incurrir en perjurio o difamación en contra de alguien, simplemente por diferencias políticas.