Caracas.- A través del Plan Especial de Regularización Funcionarial de Fiscales Provisorios Activos, el Fiscal General de la República aspira consolidar las instituciones para la defensa de la ciudadanía y la lucha por sus derechos humanos.
En este orden de ideas, el funcionario puntualizó que en el contexto del proceso de reorganización y reestructuración al que se está sometiendo el Ministerio Público por mandato de la Asamblea Nacional Constituyente “Hemos activado el Plan Especial de Regularización Funcionarial de Fiscales Provisorios Activos del Ministerio Público”.
Resaltó que el Plan va orientado hacia el reconocimiento de la trayectoria laboral de los Fiscales Provisorios del Ministerio Público y aclaró que se han apoyado para esta tarea en la Escuela Nacional de Fiscales, los cuales, previo cumplimiento de los requisitos básicos, tales como haber ejercido el cargo de forma ininterrumpida por un tiempo mínimo de 4 años, podrán aspirar a la titularidad del mismo.
“Es una deuda que salga nuestra gestión con nuestros fiscales y profesionales, que nada tienen que ver con la minoría que se desvío del trabajo por la justicia y los derechos humanos”, enfatizó.
Este Plan se fundamenta en la profunda necesidad que tienen los Representantes Fiscales de tener la capacidad de ejercer plenamente sus funciones y contar con la garantía constitucional de su estabilidad laboral.
En este proceso se fija el punto de partida para conocer la condición psicológica, intelectual y profesional de todo Fiscal Provisorio que cumpliendo con los requisitos, desee optar por la titularidad del cargo que desempeña.
Es importante resaltar que durante la realización de este Plan Especial de Regularización, los Fiscales Provisorios podrán acceder a un concurso más específico, en el cual serán evaluados por un Comité constituido en la Fundación Escuela Nacional de Fiscales, que tendrá la labor de determinar la idoneidad y capacidad de ese funcionario para la titularidad del cargo que pretende.
Aparte del tiempo de servicio, los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos: Tener nacionalidad venezolana; ser mayor de 25 años; ser abogado o abogada; ser de notoria buena conducta y de reconocida solvencia moral. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos no estar inhabilitado o inhabilitada para el ejercicio de la función pública; no haber sido objeto de sanción penal por decisión definitivamente firme por la comisión de un delito; no haber sido objeto de sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio de funciones en los 5 años previos o haber sido destituido; haber cursado estudios de especialización en una Universidad debidamente acreditada.
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