La vicepresidenta del Gobierno español y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, apostó este viernes por revisar la legislación para que cualquier relación sexual en la que no se otorgue consentimiento explícito pueda ser constitutiva de un delito de agresión sexual.
«Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no, y ahí es donde está preservada su autonomía, su libertad, el respeto a su persona y a su sexualidad», dijo Calvo en su primera comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso.
La propuesta de Madrid se enmarca dentro de un debate candente en la sociedad española, sobre todo después de la polémica condena por el famoso caso de «La Manada», en el que cinco hombres –actualmente en libertad provisional– fueron condenados por un delito de abusos sexuales tras asaltar sexualmente a una joven.
La sentencia sobre el caso, emitida en abril de este año, descartó valorar los hechos como un delito de agresión sexual al entender que no hubo violencia, por lo que rebajó la calificación de los hechos a abusos sexuales, lo que además de implicar menor pena de cárcel tiene un gran valor simbólico porque refleja que los magistrados no consideran lo sucedido como una violación.
Pese a no calificar lo sucedido como violento o intimidatorio, el fallo estimaba como «hechos probados» que los cinco agresores prepararon «una encerrona» a la víctima, que se sintió «impresionada y sin capacidad de reacción», lo que la llevó a «adoptar una actitud de sometimiento y pasividad» mientras los agresores la desnudaban y abusaban de ella por vía vaginal, anal y bucal sin utilizar preservativo.
En opinión de la vicepresidenta del Gobierno español, es necesario el desarrollo de cambios legislativos que protejan a las víctimas y reduzcan los «riesgos interpretativos» bajo la premisa de que «si una mujer no dice sí, es no».
Durante su comparecencia Calvo también opinó sobre otras cuestiones, como la necesidad de mejorar la legislación en lo que se refiere a la trata de mujeres o de invertir en «educación sexual, afectiva y reproductiva».
Además, Calvo propuso una medida de concienciación consistente en, a la hora de exponer datos sobre mujeres asesinadas en España, utilizar no solo los datos anuales, sino ofrecer también la cifra global de feminicidios registrados desde que existen cifras al respecto.
De esta manera, el Gobierno de España pretende que la sociedad tenga presente que, desde 2003 –año en el que se empezaron a registrar cifras oficiales–, un total de 945 mujeres fueron víctimas de asesinatos machistas en el país.
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