El representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, exhortó a Iván Duque presidente de esa nación, responder con urgencia ante el incremento de asesinatos de líderes sociales.
Los crímenes contra defensores de los derechos humanos y reclamantes de tierra se han incrementado en diversas regiones como el departamento de Cauca, suroeste colombiano, dijo el político italiano al referir que a sólo pocos días de 2019, siete personas fueron asesinadas, resaltó el representante del organismo.
Brunori consideró que la reunión del gobierno neogranadino, celebrada el pasado viernes, en la que se evaluó el Plan de Acción Oportuna, se convertirá en una estrategia lanzada para contrarrestar la violencia social en Colombia. Sin embargo, cree que deben acelerarse las medidas para garantizar un sistema de protección efectiva a los líderes sociales.
La Defensoría del Pueblo, precisó que desde la firma del Acuerdo de Paz hace dos años, han sido asesinados 358 colombianos por su posición política o estar vinculados a tareas de reivindicación social. Mientras que las organizaciones de derechos humanos estiman que esa cifra es incluso superior y rebasa las 400 víctimas y agregó que casi un centenar de ellas, eran excombatientes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.
Asimismo, el fiscal general de la Nación, Néstor Martínez, reconoció por primera vez que existe un patrón de sistematicidad y selección en los asesinatos de líderes sociales en Colombia.
Cifras de asesinatos son alarmantes
En cuanto a los crímenes de lesa humanidad y tras culminar el Consejo de Seguridad en La Guajira, el presidente Iván Duque expresó que era alarmante el número de asesinatos que se presentaron en los primeros días del 2019.
Según el mandatario, de los 126 casos de asesinatos de líderes sociales que han sido esclarecidos por la Fiscalía, «un porcentaje significativo obedece a crímenes cometidos por el Clan del Golfo, Los Pelusos, el ELN, Los Caparrapos, entre otros».
«Nosotros estamos comprometidos con la protección. Hoy, más de 3.000 líderes tienen protección de la UNP, pero tenemos que garantizar no solamente que haya prevención, sino una sanción a los que están detrás de estos crímenes abominables«, indicó Duque.
En ese sentido, anunció el fortalecimiento de los instrumentos de la Fuerza Pública para ubicar a los cabecillas de estos grupos armados organizados que están detrás de gran parte de las muertes de líderes sociales.
Ante la impunidad de los asesinatos y la ola de violencia, la Defensoría del Pueblo convocó para el próximo 21 de febrero a una audiencia defensorial para actualizar los escenarios de riesgo que enfrentan los líderes sociales y revisar la respuesta por parte del Estado y el Gobierno Nacional para proteger la vida de estas personas.
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